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Niños robados

Gallardón asume la "obligación" del Estado de localizar a niños robados y se coordina con Interior, Sanidad y Fiscalía

07/03/2012
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Confiesa que no puede prometer pruebas de ADN "gratuitas y universales" y que el archivo en los juzgados no "desanima" en las labores de búsqueda

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha otorgado la "prioridad absoluta" al caso de los 'niños robados' y ha anunciado que su departamento "pilotará" una línea de cooperación con los Ministerios de Interior y Sanidad así como con las comunidades autónomas y la Fiscalía General del Estado para hacer "todo lo que esté" en manos del Gobierno para "reparar el dolor" de los afectados.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro ha agradecido al senador del PNV José María Cazalis su interpelación sobre las medidas previstas por el Ejecutivo para acometer una exhaustiva investigación de las tramas de sustracción de bebés que operaron durante el franquismo y la transición en todo el Estado.

Pocas cuestiones, ha dicho Ruiz-Gallardón, tienen tal calado "humano" y reflejan el "rostro acuciante e inmediato del dolor ajeno" mientras que chocan con un Estado de Derecho asentado en la legalidad, la igualdad y la solidaridad. Así, ha mostrado su "preocupación" por un "drama" que "reclama del Gobierno en primer lugar y de toda la sociedad en general una atención especial".

A su juicio, la contextualización de los hechos en los años 70 al amparo de una legislación "insuficiente" o "muy distinta" a la actual, no rebaja "en nada" el drama individual o familiar que sufrieron estas personas, a las que se arrebató a sus hijos o vieron afectada su identidad y su derecho a conocer sus orígenes biológicos.

"Buscaremos soluciones realistas y operativas que faciliten las investigaciones", ha defendido Ruiz-Gallardón, para subrayar que, por encima de la Justicia, las familias tienen el deseo de "recobrar su propia historia y conocer su auténtica identidad". Por ello, trabajará por darles solución dentro de los límites legales y de las "posibilidades presupuestarias".

Consciente de que en vía penal se han archivado muchas de las investigaciones por la prescripción de los delitos, ha subrayado que esta circunstancia no debe "desanimar" en la localización de los hijos y hermanos desaparecidos. "Al margen de la prescripción del delito, subsiste la obligación del Estado, que nosotros desde luego vamos a asumir", ha remachado.

IMPLICACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Acto seguido, el titular de Justicia ha explicado que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior puesto que es "fundamental" la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la investigación de las denuncias. Ha pedido también a la Fiscalía General del Estado que dicte "una instrucción general" y preste la máxima ayuda posible a este colectivo.

Asimismo, se ha interesado sobre las posibilidades legales que ofrece la Ley de Protección de Datos para acceder a la información en el plazo más breve posible.

Ha señalado que un grupo de trabajo se dirigirá la próxima semana al Ministerio de Sanidad para abrir los datos que obran en clínicas y hospitales. "Tendremos que colaborar con las comunidades autónomas que gestionan competencialmente la red hospitalaria", ha agregado.

DIRECTRICES A LAS OFICINAS DE VÍCTIMAS

En referencia a la labor del Instituto Nacional de Toxicología, ha indicado que se revisará el protocolo sobre las pruebas de ADN aunque ha precisado que no prometerá lo que "no puede hacer". "No podemos prometer la realización de análisis gratuitos y universales, pero se puede mejorar la atención prestada y garantizar al máximo la eficacia de estas pruebas", ha añadido.

El ministro también estudia la posibilidad de dictar directrices generales a las Oficinas de Víctimas en materia de información, asesoramiento y, cuando sea necesaria, atención psicológica frente a "un drama de esta gravedad".

Así ha respondido al senador del PNV José María Cazalis, que ha lamentado que, pese al grado de consenso entre los partidos y las instituciones alrededor de esta cuestión, las familias siguen viendo que sus denuncias se archivan en los juzgados. "No quieren reescribir la historia, sino su propia historia y tener acceso a una verdad lo más completa posible", ha dicho.

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