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Hoy declara el primero

La cúpula de USCA declara esta semana ante la juez que investiga el 'plante' de los controladores

06/03/2012
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El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid tomará declaración a todos los miembros de la cúpula de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) como imputados por su presunta responsabilidad en el abandono de las torres de control por parte de los controladores aéreos en el puente de diciembre de 2010.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Los primeros en declarar mañana 6 de marzo serán el vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, y el miembro del comité ejecutivo Javier Lafuente, que están imputados por presuntos delitos de sedición, coacciones, abandono del puesto de trabajo y secuestro de pasajeros.

El 8 de marzo comparecerá el entonces secretario de comunicación del sindicato, César Álvarez Cabo, y el 23 de marzo acudirá el secretario general del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA), Eusebio Gil. Durante el resto del mes están citados el resto de miembros de comité ejecutivo de USCA imputados por los mismos delitos.

La directiva del sindicato, que representa a más del 90% del colectivo, tendrá que explicar a la juez si convocaron a sus afiliados la noche del 2 de diciembre para acudir a distintas asambleas al día siguiente y si éstas derivaron en el abandono de los puestos de trabajo por parte de 400 controladores de toda España.

Por su parte, el presidente de USCA, Camilo Cela, ya declaró en dos ocasiones ante la juez en julio de 2011 en calidad de controlador y como presidente del sindicato. Cela aseguró que "el único responsable" del caos aéreo fue la empresa pública AENA por los cambios laborales impuestos al colectivo.

De esta forma, prosigue el proceso penal abierto por este juzgado para investigar el 'plante' de los controladores aéreos promovido por el despacho Cremades & Calvo Sotelo, que representa a más de 15.000 afectados.

Los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo durante la tarde del 3 de diciembre de 2010, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto que modificaba sus condiciones de trabajo, alegando bajas médicas. Esto provocó el cierre del espacio aéreo español y el decreto del estado de alarma por parte del Gobierno, lo que se saldó con miles de pasajeros afectados.

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