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Facturas pendientes

El Gobierno aprueba hoy el plan para pagar las facturas pendientes

24/02/2012
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El Consejo de Ministros da luz verde al mecanismo para pagar las deudas pendientes de las comunidades y ayuntamientos con los proveedores.

El País. 24.02.2012

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy un mecanismo de financiación para que las administraciones públicas puedan pagar las facturas pendientes que tienen con los proveedores, por un importe entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Se trataría de una "gran operación financiera" para la que se contará con todas las entidades financieras posible, anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro hace un par de días: "se busca la fórmula más económica para el Estado, lo que pasa por un consorcio bancario con la presencia del ICO, pero también con el compromiso y la gestión de las entidades financieras españolas que son las que pueden garantizar una movilización de recursos mayor", dijo el ministro que expresó su preocupación por el retraso de las administraciones públicas en pagar sus facturas. Este plan permitirá a los proveedores cobrar directamente sus facturas a través de los bancos.

El Consejo de Ministros detallará este mediodía el mecanismo financiero que permitirá a las pequeñas empresas y a los autónomos disponer de más liquidez para mantener su actividad. Las asociaciones de autónomos y las organizaciones de constructoras han celebrado durante esta semana la medida. Hoy aguardan a ver como son lo detalles y si deben olvidarse de los intereses de demora como se prevé. También esperan que el importe de la operación sea suficiente para pagar todas las deudas.

El ministro Montoro precisó el pasado miércoles que la medida no aumentará el déficit público. "No estamos ante un nuevo afloramiento del déficit público, sino ante el reconocimiento de una deuda pendiente de pagar", señaló.

El consorcio financiero pretende "liquidar" la deuda comercial de comunidades autónomas y ayuntamientos. Montoro evitó cuantificar el importe de la medida pero ha avanzado que será "considerable". "Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon con las anteriores líneas de crédito del ICO". El Gobierno ya aprobó una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 15.000 millones de euros para que las comunidades autónomas pudieran pagar la deuda que mantienen con los proveedores. Además, avanzó que esta misma semana pondría en marcha otra línea ICO para los ayuntamientos, aunque aún no lo ha hecho. "El objetivo es que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", agregó el ministro.

En unas semanas

La idea "es que en el plazo de unas semanas se puedan pagar todas las facturas pendientes", ha precisado el titular de Hacienda. Las principales organizaciones de proveedores de las administraciones públicas estiman en unos 40.000 millones euros, la deuda comercial pendiente de pago por parte de las administraciones públicas. Desde el Gobierno reducen esos cálculos y consideran que la operación rondará los 30.000 millones de euros. Con esta medida el Gobierno pretende inyectar liquidez en el sistema. Durante las últimas semanas, el Estado ha salido a los mercados y se está financiando bien. Las últimas subastas se han resuelto con éxito a unos tipos cada vez más bajos y con una demanda alta. por eso, en el Gobierno se considera que se debe aprovechar esa circunstancia.

El Gobierno aún está ultimando los detalles del mecanismo financiero. El Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo o convenio con las entidades financieras para que puedan participar en la operación. Para ello está previsto que los bancos tengan un tipo de interés ventajoso para atraerlos a esta operación. Este mecanismo permitirá a un proveedor que tenga una factura pendiente de cobro con una administración pública acudir a un banco para cobrarlo. Si la factura está validada y cuenta con el visto bueno de la Intervención General del Estado, la entidad financiera la pagará y le reclamará la cantidad al Estado, que a su vez se dirigirá contra la administración deudora. Se trataría de una especie de aval o respaldo del Estado a las administraciones públicas sobre la deuda comercial que ya tengan contraída. Aunque en el Gobierno consideran que se trata de un mecanismo para inyectar liquidez al sistema y descartan que se pueda utilizar para emitir más deuda.

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