ALICANTE, 20 (EUROPA PRESS)
El exalcalde de La Vall de Laguart (Alicante), Juan José Puchol Riera, ha defendido su inocencia ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, que le juzga por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio, por los que el fiscal le pide una pena de ocho años de prisión y 20 años y medio de inhabilitación.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 1995 y 1997, cuando el acusado era alcalde de la citada localidad. En octubre de 1995, "de manera injusta y arbitraria", según el escrito de acusación provisional del ministerio público, el procesado remitió un escrito a la Consejería de Territorio en nombre de la corporación municipal en el que solicitaba determinados cambios en el planeamiento urbanístico.
Estos cambios, según mantiene el fiscal y la acusación particular, no habían sido acordados en el pleno e incluían la eliminación de un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde y acusado, situada en la partida Peña Lisa, así como la creación de otro vial "por encima de la vivienda, garaje y naves propiedad del anterior alcalde, con el que tenía una enemistad manifiesta".
Para justificar esta última modificación del planeamiento, el procesado supuestamente envió un plano correspondiente a la modificación puntual número tres de las Normas Subsidiarias que regían, por entonces, el urbanismo del municipio.
INOCENCIA
Al respecto, el acusado ha declarado en el juicio este lunes que no está conforme con las acusaciones, y aunque ha reconocido el contenido de todos los documentos, ha asegurado que las decisiones en torno a las modificaciones urbanísticas propuestas "fueron fruto de las reuniones periódicas con los técnicos, y contaban con el acuerdo de todos los concejales de la corporación".
El procesado además ha negado que tuviera ninguna enemistad con el exalcalde, cuyo hijo es el denunciante en este proceso, y ha explicado que eran "rivales políticos" y él como concejal "había votado en contra de muchas cosas" que había propuesto su antecesor en el cargo.
Así mismo, ha relatado que el Ayuntamiento concedía las licencias de obra sin los correspondientes informes técnicos, práctica que era habitual en anteriores legislaturas debido a la "falta de medios materiales y personales". De igual modo, ha explicado que él firmaba los documentos que le presentaba el secretario municipal, en cuyo criterio confiaba plenamente.
En cuanto al vial que atravesaba la casa de su rival político, ha detallado que este vial fue proyectado y aprobado cuando el afectado aún regentaba la alcaldía en 1994, y ha insistido en que el Consistorio carecía de medios suficientes para facilitar la documentación solicitada repetida e insistentemente por el afectado.
El denunciante, por su parte, en su testimonio como testigo ha rechazado que su padre autorizara este vial, que cruzaba su vivienda familiar, y ha lamentado que todo este conflicto ha causado mucho daño a su familia tanto a nivel psicológico como económico.
El procesado también está acusado de falsificación documental, al considerar el fiscal y la acusación que el plano aportado por el alcalde para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana no se correspondía con la aprobada provisionalmente por los plenos del Ayuntamiento en el año 1994, y que posteriormente no fue aprobada con carácter definitivo por la Generalitat, y en el que no constaba la vivienda, garaje ni naves propiedad de su antecesor.
En la vista, el denunciante ha explicado que realizó una investigación de la documentación que pudo recabar en la Consejería, y llegó a la conclusión, según ha mantenido este lunes, que documentación del aportada por el Ayuntamiento a la Generalitat valenciana "no coincide" con la que tiene registrada en el archivo el consistorio ni con lo que los ediles aprobaron en su día en el pleno municipal.
PENAS
El ministerio fiscal pide para Juan José Puchol Riera una pena de ocho años de prisión por dos delitos de falsedad documental y un delito continuado contra la ordenación del territorio, así como por el delito del artículo 542 del Código Penal. Además, pide 20 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La acusación particular, encarnada por la abogada Concepción Rizo, pide una pena de 12 años de cárcel por los mismos delitos, y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que la defensa, a cargo del letrado Manuel Roura, solicita la libre absolución y considera que las acusaciones son fruto de una "manía por temas político" hacia su cliente.
