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Trama de los ERE

La representación del restaurante Río Grande admite que tenía fondos propios para el ERE pagado por la Junta

21/02/2012
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El Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, que por orden de la juez Mercedes Alaya indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales financiadas con cargo a los fondos públicos, señala en un reciente atestado que el "representante" del restaurante Río Grande reconoce que la empresa "contaba con medios económicos suficientes para haber sufragado las prejubilaciones" del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2005, un procedimiento que incluyó una póliza de seguro de rentas en favor de la vecina de Sevilla María del Carmen Fontela pese a que ella jamás había trabajado en este negocio.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

La juez Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.

LA TRAMA DE LOS ERE

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a esta partida presupuestaria.

El caso de María del Carmen Fontela fue uno de los más conocidos porque fue uno de los primeros en salir a la luz pública. Y es que Fontela figura como beneficiaria de una de las pólizas de seguro de rentas asociadas al ERE promovido en 2005 por Río Grande, pese a que jamás ha trabajado en tal negocio. Su nombre, igualmente, figura en buena parte de la documentación del ERE acordado en 2003 por Mercasevilla, no obstante el hecho de que ella tampoco trabajaba en la lonja hispalense, si bien no habría llegado a cobrar las indemnizaciones comprendidas en este procedimiento.

EL PAPEL DE GUERRERO

Juega un especial papel en los hechos el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, quien ostentó este cargo entre 1999 y 2008. Precisamente, Guerrero prestaba el pasado 26 de enero declaración como imputado ante los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, quienes entre otras cuestiones le interrogaron acerca del ERE promovido en 2005 por el restaurante sevillano Río Grande. Su propietaria, Carmen García, figura también como imputada en las diligencias en cuestión.

El atestado policial que contiene y analiza la comparecencia de Guerrero, recogido por Europa Press, expone cómo los agentes cuestionan a Francisco Javier Guerrero "por qué motivo la Consejería de Empleo adoptó el compromiso de pago de Río Grande, habida cuenta de que incluso su representante declaró que la mercantil contaba con medios económicos suficientes para haber sufragado las prejubilaciones". "Cuando lo pidieron y se les concedió era porque lo necesitaban y no tenían medios para ellos", señala el atestado en cuanto a la respuesta del ex director general de Trabajo y Seguridad Social.

EL DINERO DEL ERE DE RÍO GRANDE

La investigación ha revelado que, con cargo al ERE de Río Grande, en una cuenta abierta a nombre de Fontela fueron depositados 155.605,27 euros en diversas entregas. Pero Fontela, según su acta de declaraciones recogida por Europa Press, ha manifestado a la juez Alaya que como "favor" al comercial Francisco González, accedió a que fuese abierta a su nombre una cuenta de ahorros cuya tarjeta quedaría en manos de González, porque en ella sería ingresado "un dinero que le debían y que él no podía cobrar".

La imputada aseguraba que la cuenta fue abierta y le entregó la tarjeta al comercial, a quien conoce desde "hace 42 años", por lo que debido a su "mucha confianza", "no le preguntó nada". Fontela declaró que "nunca" reclamó dinero al comercial, pero reconoció que "cogió" unos 1.750 euros transferidos desde la cuenta bancaria investigada a otra también de su titularidad porque era un dinero que Hacienda "devolvía" al comercial y él se lo cedía a ella "para que tomara una cerveza".

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