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El coordinador del informe de Fomento alude a la "mala suerte" en el accidente de la A-7

21/02/2012
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Un problema informático ha obligado a repetir las pruebas programadas para este lunes, ya que los testimonios de los expertos no se habían grabado

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador del informe que elaboró el Ministerio de Fomento tras el accidente del viaducto en el tramo La Herradura-Taramay de la A-7 que se produjo el 7 de noviembre de 2005 ha aludido este lunes a la "mala suerte" para explicar las posibles causas del desplome de la cimbra que sostenía la estructura y ha señalado además que el colapso "no era previsible", según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En la línea de lo que ya han declarado anteriormente otros peritos judiciales, el experto, catedrático en Estructuras y Puentes Metálicos, ha descartado en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada), que ha celebrado la sexta sesión del juicio por el accidente, que la avería eléctrica o la velocidad del viento fueran la causas del colapso y ha considerado que el fallo se produjo en las uniones soldadas.

Según ha dicho, las soldaduras sólo pueden revisarse antes del montaje y, una vez ya montadas, los posibles defectos pueden detectarse de manera visual. Sin embargo, ha puesto como ejemplos los pilares de un edificio o la camilla de un hospital, que no siempre se están revisando para localizar posibles grietas o problemas, aunque los tengan. "Hay cosas que pasan en la vida por agotamiento de los materiales o por antigüedad", ha indicado en la Sala de Vistas número 3 del Palacio de Justicia motrileño.

Asimismo, ha puesto el énfasis en que antes del siniestro no existía normativa específica sobre el uso de las cimbras en la construcción de puentes, y ha recordado que Fomento elaboró una nueva normativa tras el desplome, que costó la vida a seis obreros, que incluía la necesidad de usar tornillos pretensados o la presencia de un ingeniero en la obra, entre otros aspectos. Para ello, ha apuntado, visitó por encargo del Ministerio hasta 80 estructuras similares a la que se colapsó.

Además, ha señalado que entre los acusados, once en total, se encuentran las personas que hasta entonces eran de las que más sabían con respecto al uso de las cimbras, y se ha referido concretamente a los capataces, que durante la Comisión de Investigación que abrió Fomento dieron muestras de sus claros conocimientos sobre la utilización de esas estructuras. Por eso, ha dicho, los primeros interesados en que la cimbra estuviera en condiciones adecuadas eran ellos, porque de lo contrario no se habrían subido a ella para trabajar. En ese sentido, ha aludido a que en este caso hubo mucho de "mala suerte" ya que el colapso no era "previsible".

Con este experto, este lunes ha ofrecido su testimonio otro de los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha ratificado el informe que en su día redactó junto a otros técnicos, en el que se ponía de manifiesto que, por descarte, la posible causa del colapso fue el aflojamiento de los tornillos de la cimbra o la rotura de soldaduras.

Según su opinión, no puede concretarse con seguridad si el aflojamiento de los tornillos se produjo antes que la rotura de las soldaduras o viceversa, o si el segundo fallo fue consecuencia del primero. En cualquier caso ha sostenido que si los tornillos o las soldaduras hubieran estado en buenas condiciones el colapso no se habría producido. También ha indicado que la estructura era "fiable" y que con todas las pruebas a las que se le sometió las posibilidades de desplome eran inferiores, aunque finalmente se produjera.

Los testimonios de los dos peritos se han demorado este lunes más de lo previsto porque se han tenido que repetir puesto que no se habían grabado a consecuencia de un problema informático.

Las sesiones continuarán el próximo miércoles con cuatro periciales más propuestas por las defensas, y seguirán el próximo lunes 27, cuando las partes informarán de sus conclusiones, y miércoles 29, con los informes de acusaciones y defensas. El juicio quedará entonces previsiblemente visto para sentencia.

En la primera jornada, que arrancó el pasado 1 de febrero, declararon los once procesados, entre los que se encuentran el ingeniero director del proyecto La Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, o el que fuera coordinador de seguridad de la obra, Juan Mena Delfa, ambos designados por el Ministerio de Fomento. Todos coincidieron en destacar lo "imprevisible" del siniestro puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban "al día".

Las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una 'autocimbra' para la ejecución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la 'autocimbra' es 'Puentes y Calzadas', líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.

Además de los mencionados, están imputados en la causa el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas , J.M.L.M.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES

La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para los once imputados. Diez de los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.

Para M.C.M., capataz de la empresa 'Estructuras y Montajes Prefabricados', el Ministerio Público solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados.

El sindicato UGT, personado como acusación popular, pide un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados. Los acusa concretamente de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, por el que además solicita una multa de 144.000 euros.

CC.OO., también acción popular, ha solicitado 288 años de cárcel para los imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.

Fue el 7 de noviembre de 2005, sobre las 15,30 horas, cuando se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de unos 67 metros aproximadamente, siniestro que produjo el fallecimiento de seis personas y lesiones de diversa consideración en otras cinco.

Ese día se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, y, a pesar de ello, los trabajadores permanecieron sobre el mecanismo, que no se desalojó, durante las labores de reparación. Después de una media hora desde que se registró el fallo eléctrico se produjo el colapso de la autocimbra, precipitándose al vacío.

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