MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La mayoría de las asociaciones de jueces han mostrado su oposición a la imposición de tasas judiciales en segunda instancia. Además, Jueces para la Democracia ha cargado contra la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal al considerarla una "atrocidad".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha censurado que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón haya optado por acometer medidas caracterizadas por su "carácter simbólico" y su nulo "coste económico" que no ayudan a resolver los "graves problemas estructurales" de la Administración de Justicia.
"No hay ninguna voluntad política de abordar los graves problemas de la Justicia", ha indicado, para añadir que las propuestas del ministro destacan más por su "proyección mediática" que por su afán de mejorar el trabajo diario de los juzgados.
De esta forma, ha mostrado su desacuerdo con la imposición de tasas judiciales para los recursos en segunda instancia al tildarla de "profundamente injusta" y considerar que abrirá "una brecha" entre los ciudadanos con recursos económicos y aquellos que no los tienen. "Genera un desequilibrio muy grande", ha añadido.
Ha advertido de que producirá un "efecto disuasorio" en aquellos que "podrían tener razón", mientras que ha recordado que en la actualidad ya se sanciona por vía de costas a quienes recurren con temeridad o mala fe. "Si el problema es que hay un abuso del sistema de recursos que se sancione al que temerariamente litiga no si no hay mala fe. No tiene sentido", ha remachado.
Ramírez ha calificado de "atrocidad" la inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal, "que ya contiene un sistema de cadena perpetua que permite a un penado cumplir una pena privativa de libertad de 40 años". A su juicio, la medida agravará el actual sistema, que ha catalogado como "feroz", y olvida que la tasa reclusa en España es muy superior a la de países de su entorno.
La asociación también considera que la reforma del sistema de elección del CGPJ propuesto por el ministro no está exento de problemas ya que "trasladará la politización a la carrera judicial". En este sentido, ha destacado que el Poder Judicial debe pasar de ser "un escenario de conflicto" a uno de consenso ya que "es una institución que afecta a la estructura del Estado".
TASAS EN PRIMERA INSTANCIA
El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV), José Luis González de Armengol, ha calificado de "positivas" las reformas avanzadas por el ministro de Justicia porque es el "momento oportuno" para abordar en profundidad una reforma de la Administración e introducir "medidas de calado".
Aunque ha reconocido el "exceso de litigiosidad" que soportan los juzgados y tribunales españoles, se ha mostrado disconforme con aplicar tasas en la segunda instancia y ha abogado por apostar por mecanismos de arbitraje para evitar que algunas materias acaben en vía judicial.
"Hay una propuesta de los jueces decanos que es la de estudiar el análisis de implantación de casos judiciales disuasorios. Significa una cuantía ínfima mínima y tener perfectamente garantizado la Justicia gratuita a aquellas personas que efectivamente se demuestre que carecen de recursos económicos suficientes", ha apostillado.
Desde el Foro Judicial Independiente, su presidente Ángel Dolado ha afirmado que la aplicación de tasas judiciales en segunda instancia es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva y además no reduce el volumen de litigiosidad.
"En España el problema no está en la segunda instancia ni en el Supremo, sino en la primera instancia, donde hay una carga de trabajo absolutamente desbordada", ha indicado.
Dolado ha apostado así por imponer el pago de tasas en la primera instancia y ha recordado que las personas que carezcan de recursos tendrán derecho a disfrutar de la Justicia gratuita.
