Ha existido intromisión ilegítima en el derecho al honor del Fútbol Club Barcelona, como consecuencia de las imputaciones del uso de sustancias dopantes no autorizadas

Iustel

La Sala declara que el recurso formulado por la editorial condenada no puede prosperar, ya que la sentencia es acertada al declarar la intromisión en el derecho al honor, toda vez que la acusación realizada era de una gravedad incuestionable y en ningún momento fue probada, lo que supone que la libertad de información no puede en este caso prevalecer sobre el derecho al honor del demandante, y que éste tiene derecho a ser resarcido por el descrédito en su consideración que la publicación le causó en la opinión pública.

Tribunal Supremo

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 183/2010

Ponente Excmo. Sr. JUAN ANTONIO XIOL RIOS

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos

Sentencia N.º: 807/2011

Fecha Sentencia: 07/11/2011

CASACIÓN

Recurso N.º: 183/2010

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando

Votación y Fallo: 25/10/2011

Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Antonio Xiol Ríos

Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 BARCELONA

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Escrito por: LTV/CVS

Nota:

Libertad de información y derecho al honor en la modalidad de prestigio profesional. Prevalencia del derecho al honor. Falta de veracidad.

CASACIÓN Num.: 183/2010

Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Antonio Xiol Ríos

Votación y Fallo: 25/10/2011

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Excmos. Sres.:

D. Juan Antonio Xiol Ríos

D. Francisco Marín Castán

D. José Antonio Seijas Quintana

D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

D. Xavier O' Callaghan Muñoz

En la Villa de Madrid, a siete de Noviembre de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados al margen indicados, el recurso de casación que con el n.º 183/2010 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de la mercantil Societé Editrice du Monde y de D. Carlos José, aquí representados por la procuradora D.ª Francisca Amores Zambrano, contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2009, dictada en grado de apelación, rollo n.º 376/2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1.ª, dimanante de procedimiento de juicio ordinario n.º 76/2007, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 35 de Barcelona. Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida la procuradora D.ª Consuelo Rodríguez Chacón, en nombre y representación del Fútbol Club Barcelona. Es parte el Ministerio Fiscal.

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia n.º 35 de Barcelona dictó sentencia de 10 de enero de 2008 en el juicio ordinario n.º 76/2007, cuyo fallo dice:

“Fallo.

“Que estimando en parte la demanda formulada por el procurador Sr. López Chocarro, en nombre y representación del Fútbol Club Barcelona, frente Don. Carlos José y la Société Editrice du Monde, debo declarar como declaro que la publicación del artículo titulado "EI Real Madrid y el Barça vinculados al doctor Fuentes", publicado en el diario digital "Iemonde.fr" del día 7 de diciembre 2006 y en día sucesivos, e igualmente en el diario impreso " Le Monde " del 8 de diciembre de 2006, constituye un intromisión ilegítima en el derecho al honor del Fútbol Club Barcelona, y, en consecuencia, condeno a que:

“1.º.- La "Société Editrice du Monde" rectifique, en la edición impresa, el artículo publicado, en semejantes condiciones de tamaño, ubicación, espacio, y tipografía del insertado el día 8 de diciembre de 2006, en los términos solicitados por el Fútbol Club Barcelona, en su comunicación de fecha 9 de diciembre de 2006, con inclusión de una referencia en la portada del diario.

“2.º.- La "Société Editrice du Monde", en la edición digital "Iemonde.fr", siempre que cualquier usuario acceda al citado artículo, difundido el 7 de diciembre de 2006, deberá hacer aparecer, con carácter previo, el texto íntegro de la rectificación de la noticia, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

“3.º.- La "Société Editrice du Monde" y Don. Carlos José, solidariamente, deberán indemnizar al Fútbol Club Barcelona en la suma de 300.000 euros.

“4.º.- La "Société Editrice du Monde" y Don. Carlos José, solidariamente, deberán publicar íntegramente esta sentencia, a su cargo, en la edición digital e impresa de Le Monde y, además, en dos diarios de Cataluña (uno deportivo y otro de información general) con ámbito estatal, que acrediten mayor difusión por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).

“Se absuelve a los demandados del resto de pretensiones y no se hace pronunciamiento sobre costas.”

SEGUNDO.- La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

“Primero.- Ejercita el Fútbol Club Barcelona (en adelante, FCB) con fundamento en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, una acción de tutela frente a la intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor realizada por la publicación, los días 7 y 8 de diciembre del año 2006, en la edición digital -dominio lemonde.fr.- e impresa, respectivamente, del diario Le Monde, titularidad de la entidad Société Editrice du Monde (en lo sucesivo, SEM), de una noticia titulada "EI Real Madrid y el Barça vinculados al doctor Fuentes, firmada por el redactor Don. Carlos José, en la que se vincula al club demandante con el doctor Eulogio, quien se encontraba por aquel tiempo imputado en un proceso penal (Previas 4293/2006, del Juzgado de Instrucción n.º 31, de Madrid, como presunto autor de prácticas de dopaje (delitos contra la salud pública), en el marco de la operación policial que se conoce como "Operación Puerto". Sustancialmente, a juicio de la entidad actora, se imputan al FCB, entre otras, la existencia de un supuesto encargo al Dr. Eulogio de realizar los planes de preparación del club para la temporada 2005-2006 -donde constarían el uso de sustancias dopantes no autorizadas por las autoridades deportivas- y supuestamente transmitidas oficiosamente a los servicios médicos del club, así como visitas medicas particularizadas de jugadores del FCB al citado Dr. Eulogio.

Por todo ello, solicita la tutela judicial restableciendo al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, mediante: 1.º) La declaración de la intromisión ilegítima en el derecho al honor del FCB, y que la publicación por "Iemonde. fr" el día 23 de diciembre, y en la edición impresa de Le Monde el día 24 de diciembre, del artículo "Cartes de quatre equips de futbol" no tiene la consideración de rectificación de los artículos publicados, respectivamente, el 7 y 8 de diciembre 2006; 2.º) Se condene a la rectificación por los demandados de los artículos publicados, de manera semejante a la publicación de los artículos falsarios, y, subsidiariamente, en los términos solicitados en la comunicación que el FCB envió a EDM el (9)11 de diciembre 2006; 3.º) La condena a SEM a retirar del dominio "Iemonde.fr" el acceso al artículo que motiva esta demanda, y, subsidiariamente, a que si cualquier usuario accediese al citado artículo, con carácter previo, le aparezca el texto íntegro de la rectificación; 4.º) Se condene a SEM a que siempre que cualquier interesado solicite o adquiera un ejemplar del diario Le Monde, publicado el 8 de diciembre 2006, se le entregue conjuntamente y de manera gratuita el ejemplar donde se publique el texto de la rectificación de la noticia, en los términos que se acuerde en sentencia; 5.º) La imposición solidaria a los demandados de una indemnización a favor del FCB de 3 millones de euros; 6.º) La publicación de la sentencia, a cargo de los demandados, en la edición digital e impresa de Le Monde y, además, en dos diarios catalanes (uno deportivo y otro de información general) con alcance estatal, a elección del FCB; y 7.º) Finalmente, al pago de las costas procesales con expresa declaración de temeridad y mala fe.

“Segundo.- Los demandados, Société Editrice du Monde (SEM) y Don. Carlos José, a una sola voz, se oponen a la pretensión del actor en diversos órdenes de ideas que, sustancialmente, son las siguientes: 1.º) La noticia que se tilda como falsa no es más que "periodismo de investigación" al que ampara el legítimo derecho a la libertad de información (art.18 de la CE ), por cuanto la relevancia informativa de la noticia es indudable, al igual que su interés público, y su veracidad viene atesorada por una diligente indagación que el periodista demandado vino realizando desde el año 2004, que culminó con la entrevista Don. Eulogio, a mediados del año 2006, y la exhibición por este, bajo la condición de que el Sr. Carlos José no revelara el origen de la noticia, de la documentación relativa a sus trabajos con clubes de fútbol, y, en concreto, la que conservaba en un archivador identificado con los colores "blaugranas" y encabezada con el rótulo "FC Barcelona. Temporada 2005-2006", donde figuraban unas anotaciones manuscritas que el Dr. Eulogio reconoció que habían salido de su puño y letra. Manuscritos figuraban asimismo los términos "Liga de Campeones" y "Copa del Mundo", así como círculos e inscripciones que, según explicaba el Dr. Eulogio, respondían a planes de preparación del mismo tipo que para los equipos ciclistas, y que el periodista comprobó, personalmente, a la vista de las diligencias penales, se correspondían con documentos análogos a los intervenidos policialmente en la Operación Puerto para la planificación de un equipo ciclista, y unas grafías idénticas al calendario de la temporada de uno de los ciclistas que lo integraban. En suma, existió una diligente indagación que asegura la seriedad del esfuerzo informativo. Lo que no contaban los demandados fue con la "deslealtad" del Dr. Eulogio, que, tras divulgarse la noticia, desmintió la información facilitada, quizá explicable por las amenazas que dijo recibidas y las presiones e intereses que rodean el mundo del fútbol; 2.º) Caducidad de la acción de rectificación (art. 4 de la L. Orgánica 2/1984, de 26 marzo ), y cumplida publicación de la rectificación enviada por el Club demandante en la sección de "Correspondencia" o Cartas al Director de la edición impresa del día 25 diciembre 2006 (pág. 13), sin contar que el propio diario, el día 9 de diciembre 2006, dio cuenta del desmentido de los clubs afectados, entre ellos el demandante, y del Dr. Eulogio. Rechaza la rectificación y más la petición de divulgación de un texto de rectificación discrecionalmente redactado por la actora; 3.º) No acepta la existencia de daños y perjuicios, por cuanto la noticia publicada facilita a los lectores unos datos objetivos que habrían llegado a conocimiento del redactor, de donde el ejercicio de un derecho no puede generar ningún tipo de indemnización, y, subsidiariamente, considera excesiva e inadmisible la suma reclamada por daños morales.

“Tercero.- Antes de entrar en el fondo del litigio, se hace necesario realizar unas precisiones sobre la acción ejercitada por el actor FCB en conexión con el suplico de la demanda, y la alegada excepción de caducidad de la acción de rectificación invocada por los demandados, EDM y Sr. Carlos José.

Ante la eventual existencia de una vulneración de los derechos protegidos por el art. 18.1 de la Constitución por un medio de comunicación, el ofendido puede: uno, postular que este medio publique o difunda la rectificación de los hechos que se consideren difamatorios, en cuyo caso podrá ejercitar la acción de rectificación prevista por el art. 4 de la LO 2/1984 de 26 marzo, y dos, pretender, además de dicha rectificación, la indemnización de los daños y perjuicios causados, la difusión de la sentencia, el reconocimiento del derecho a replicar y cuantas medidas estime necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecerle en el pleno disfrute de sus derechos, en cuyo caso deberá ejercitar la acción prevista por el art. 9.2.º de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Ambas acciones, perfectamente compatibles por acumulación objetiva (art. 71 LEC ), si bien de hacerse separadamente siguen cauces procesales diferentes, tienen una finalidad claramente diferenciada, lo que se traslada al régimen de legitimación pasiva y vigencia de la acción: en el primero, solo cabe demandar a los medios de comunicación social y el plazo de caducidad es de 7 días hábiles desde la publicación sin respetar lo dispuesto en el Ley (art. 4 de la L.Org. 2/84 ), mientras que en el segundo puede ser demandado cualquier sujeto y la acción caduca a los 4 años desde que el legitimado pudo ejercitarlas (art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/82 ).

En el supuesto enjuiciado, el actor solicita se declare que la publicación realizada los días 23 y 24 de diciembre por la edición digital e impresa, respectivamente, del artículo "Cartes de quatre equips de futbol" no tiene la consideración de rectificación de los artículos publicados los días 7 y 8 de diciembre de 2006, y a continuación pide la condena de ambos demandados, EDM y Sr. Carlos José, a pasar por esta declaración y solidariamente a rectificarlos en la forma que señala. No obstante, en la fundamentación jurídica no invoca la acción de rectificación, quizás porque la estima caducada (la demanda se presenta el 18 enero 2007), que lo estaría. Ello no entraña mayores dificultades desde el punto de vista de la tutela judicial contenida en el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1982, que es un "numerus apertus", pero sí desde el de la legitimación pasiva que, lógicamente, no puede alcanzar al redactor o periodista Sr. Carlos José, sino que debe circunscribirse al titular del dominio y del diario (EDM), único legitimado para decidir la publicación, el emplazamiento en el periódico, caracteres tipográficos, tamaño, etc., de las rectificaciones remitidas por los clubes de fútbol y, en su caso, la eventual condena a la inserción del texto de rectificación pretendida por el FCB.

“Cuarto.- Tampoco está de más, previo al examen de las cuestiones materiales suscitadas, puesto que creemos que tiene interés a estos fines, hacer una descripción del marco en el que se contextualiza la noticia tachada de inauténtica. Tanto en la edición digital como en la impresa, la noticia titulada "EI Real Madrid y el Barça vinculados al doctor Fuentes", se acompañan de una entrevista hecha por el Sr. Carlos José al Dr. Eulogio en Las Palmas (España) y de un artículo denominado "Seis meses de revelaciones y procedimientos" en el que se recogen, cronológicamente, un calendario de las actuaciones, policiales y judiciales, seguidas en la denominada "Operación Puerto". Además, en la edición impresa, la noticia tiene un trato principal, ocupa espacio en su portada -una cuarta parte-, incluido un dibujo de un ciclista subido en una bicicleta con dos balones de fútbol por ruedas, con el "maillot" luciendo colores "rojo y amarillo", del que salen tubos con jeringuillas conectadas a dibujos de futbolistas, y todo con tipografía notable bajo la rúbrica "Dopaje: el fútbol después del ciclismo", en el que se alude al club demandante y otros y se remite a las páginas centrales donde, a doble plana, se incluye la noticia, la entrevista y el informe.

EI extracto más relevante de la noticia publicada ya ha sido mencionado en los F. Jurídicos 1 y 2, y al respecto no compartimos la tesis de la actora relativa a que el artículo afirma, en definitiva, que gracias a este dopaje, planificado por el Dr. Eulogio, el primer equipo del FCB ha podido obtener los éxitos deportivos alcanzados durante la temporada 2005-2006 y, especialmente, la Liga de Campeones, objetivo principal del Club. Es más bien una deducción que la información publicada.

Y en la entrevista el Dr. Eulogio hace, entre otras manifestaciones de interés, las siguientes: 1.º) Ha tenido "otros clientes deportistas pertenecientes al mundo... del fútbol"..."; 2.º) "He trabajado con clubes de primera y de segunda división; 3.º) A la pregunta "¿Ha trabajado usted con el Real Madrid y el FC Barcelona?" responde:"No puedo contestar. He recibido amenazas de muerte. Se me ha advertido de que si decía determinadas cosas, yo o mi familia podríamos tener graves problemas. Me han amenazado tres veces. No me amenazarán una cuarta"; 4.º) Pregunta: "¿Sin embargo, usted recibió dos ofertas del FC Barcelona?" Respuesta: "De la segunda no quiero hablar. La primera se produjo en 1996"; 5.º) Pregunta: "¿Qué buscaba en usted el club catalán?" Respuesta: "Lo que quieren todos los deportistas: seguimiento, control y asistencia médica para optimizar el rendimiento, evitar las lesiones y retrasar la aparición del cansancio. Esto implica una planificación del entrenamiento, una planificación dietética, la aplicación de normas y la inculcación de hábitos y por supuesto, un control médico exhaustivo, con estudios y análisis biológicos y tratamientos cuando se producen determinadas anomalías o patologías"; 5.º) "En cierta forma" aboga por el dopaje terapéutico.

“Quinto.- La Constitución, en su art. 20.1.d, consagra el derecho fundamental a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, es decir, como indica la sent. TC 121/2000, de 20 de mayo, el derecho a publicar o difundir aquellos hechos que merezcan ser considerados noticiables, sin añadir el periodista opiniones o juicios de valor. Este es el núcleo esencial de ese derecho a la información y sobre el que descansa la tesis de los demandados para excluir cualquier conducta antijurídica en la publicación de la noticia que es objeto de este proceso de tutela al honor. Por el contrario, el demandante, FCB, sin desconocerlo, entiende que no tiene un carácter absoluto y prescindiendo de la relevancia pública de las personas, físicas y jurídicas, concernidas y de la información facilitada, que no se discute, esta adolece de la exigencia de veracidad, presupuesto inexcusable para poder ejercitar dicho derecho con arreglo a las exigencias constitucionales. En estos términos se plantea el debate entre las partes contendientes. Consiguientemente, se hace necesario conocer qué viene entendiéndose por información veraz.

La doctrina del TC viene indicando que: 1.º) Información veraz en el sentido del art. 20.1.d) significa información comprobada según los cánones de profesionalidad informativa (Sent. TC 105/1990, de 6 de junio ); 2.º ) EI deber de comprobación razonable de la veracidad no se satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas (Sent. TC 219/1992, de 3 de diciembre ); 3.º) EI concreto deber de diligencia del informador, cuyo cumplimiento permite afirmar la veracidad de lo informado, se sitúa en el amplio espacio que media entre la verificación estricta y exhaustiva de un hecho y la transmisión de suposiciones, simples rumores, meras invenciones, insinuaciones insidiosas, o noticias gratuitas o infundadas (Sent. TC 61/2004, de 19 de abril ); y 4.º) EI nivel de diligencia exigible adquirirá su máxima intensidad, cuando la noticia que se divulga pueda suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere (Sent. TC 21/2000, de 31 de enero ), debiendo tenerse en cuenta la fuente que proporciona la noticia y las posibilidades reales y efectivas de contrastarla (Sent. TC 69/2006, de 13 de marzo ).

En el caso, el diario Le Monde y su redactor el Sr. Carlos José, con "acceso a una serie de documentos confidenciales" que primero "no llevaban nombres" y después se identifican con un "archivador" con los colores "blaugranas" encabezado con el rótulo "FC Barcelona. Temporada 2005-2006", en una "sencilla hoja de papel A4", vienen a atribuir al FCB y otros clubs de fútbol el encargo institucional Don. Eulogio de la redacción de los planes de preparación de sus futbolistas con fármacos prohibidos, no autorizados por las autoridades deportivas, incluido el seguimiento personalizado de algunos de aquellos, para la temporada 2005-2006, que "transmitiría sus instrucciones respecto a los tratamientos médicos a través del médico del equipo".

Esta información, de indudable repercusión en el honor del club demandante, y singularmente de notoria gravedad por cuanto el uso de sustancias dopantes atenta contra la salud de los deportistas y contraría la idea de un deporte ético, obligaría al periodista a extremar al máximo su diligencia, y concluimos que descansa en la mera suposición del autor de la información por las siguientes razones:

(1) No aporta indicio o prueba alguna de la existencia de la citada documentación (ni siquiera las notas que afirma haber tomado), como tampoco ningún dato objetivo que la avale, más teniendo en cuenta que existía una operación policial y una investigación judicial en marcha que debería haber hecho acopio de todo el material probatorio para la averiguación y comprobación del delito (art. 299 L.E. Criminal). Es, sencillamente, indemostrable la existencia de la documentación invocada por el Sr. Carlos José. Asumir su tesis de que él vio los documentos y de que "los clubs deberán demostrar que lo que digo es falso", como ha declarado públicamente en un medio de comunicación, supondría un ejercicio de fe inadmisible en derecho, y consentir cualquier tipo de imputación presunta que se efectúe desvinculada de dato objetivo que la corrobore. Es muy importante resaltar la idea de que la imputación que el Sr. Carlos José realiza es la de "dopaje institucional" del club a sus jugadores, no conductas individualizadas de estos. De ahí que esas referencias a otros deportistas o a innominados futbolistas vistos o atendidos supuestamente en la cínica del Dr. Eulogio son totalmente irrelevantes en orden a justificar la seria indagación de la información recabada.

(2) EI Dr. Eulogio, supuesto origen de la información, desmintió inmediatamente la misma, lo que debería haber alertado a los demandados de esa eventual "deslealtad" para adoptar las medidas precautorias necesarias, léase rectificación. Y es que su credibilidad -la del Dr. Eulogio - estaba desde un principio en entredicho por la gravedad de los hechos que se le imputaban en el proceso penal, circunstancia que a un periodista de investigación no podía haberle pasado desapercibida.

(3) Se echa de menos, dada la gravedad del ilícito deportivo atribuido, y en el ámbito del deber de diligencia del informador, el contacto con el club demandante, FCB, antes de su publicación; y

(4) Artículo, calendario y, fundamentalmente, la entrevista se publican juntos de modo intencionado. Se trata de reforzar la idea, explicitada en el artículo falsario, del dopaje del club demandante durante una temporada (2005-2006 ) en que, por cierto, el Sr. Eulogio no ha tenido ningún contacto con el FCB -aunque los hubo en dos ocasiones anteriores: 1996 y 2002, circunstancia no negada por el actor-, acudiendo a la fuente, y esta no defrauda porque en la entrevista desliza, por vía de generalizaciones, silencios y sobreentendidos, sombras de sospecha sobre otras actividades deportivas, sin duda con la finalidad de autojustificarse y anticiparse a la respuesta del sistema legal. Y las amenazas, enfatizadas, están igualmente ayunas de cualquier hecho o dato que las corrobore más allá de la propia palabra del Dr. Eulogio.

Por todo lo expuesto, la libertad de información no puede prevalecer sobre el derecho al honor del FCB, garantizado por el art. 18 CE, al realizar una ponderación de los derechos constitucionales en conflicto.

“Sexto.- La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la misma y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de los derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores (art. 9.2 LO 1/1982 ). Entre dichas medidas incluye el demandante, FCB, las siguientes:

1.ª El cese inmediato de la información.

Se justifica esta petición en base a que en la fecha de presentación de la demanda (18 enero 2007) se mantiene la publicación, en la edición digital del periódico, de la noticia falsaria, y se concreta en dos medidas para restablecer el derecho al honor: una, retirar del dominio "Iemonde.fr" el acceso al artículo "EI Real Madrid y el Barca vinculados al doctor Fuentes", y, subsidiariamente, que siempre que cualquier usuario acceda al citado artículo le aparezca con carácter previo, el texto íntegro de la rectificación de la noticia, y dos, siempre que cualquier interesado solicite o adquiera un ejemplar del diario Le Monde publicado el 8 de diciembre de 2006, se le entregue conjuntamente y de manera gratuita el ejemplar donde se publique el texto de la rectificación.

Es evidente que si en el momento de la presentación de la demanda (arts. 410 y 411 LEC ) se mantenía en la edición digital la publicación de la noticia falsa, la lesión del derecho al honor no puede tenerse por finalizada, lo que justifica no la retirada del artículo, pero sí el que aparezca, con carácter previo, la rectificación del mismo. Esta tendría poca justificación sin la noticia de la que trae causa. Por contra, el daño derivado de la edición impresa debe tenerse por agotado y el interés del demandante por satisfecho con la publicación de la rectificación, en los términos que se dirán, considerando, además, las dificultades técnicas que supondría la medida concreta solicitada y su escasa eficacia.

2) Reconocimiento del derecho a replicar.

Esta medida (art. 9.2 LO 1/1982 ), similar a la que se prevé en el art. 6 LO 2/1984, es consecuencia de la intromisión ilegítima en el derecho al honor, no el resultado de un eventual defecto en la publicación de la rectificación enviada por el agraviado por noticia inexacta o falsa. Por consiguiente, la tutela solicitada por el FCB es idónea para el restablecimiento de su derecho, mas no en los términos en que postula con carácter principal.

En efecto, la decisión del contenido informativo de un diario corresponde al periodista y al director, bajo su entera y exclusiva responsabilidad (junto con el editor - sentencia Audiencia Provincial de Madrid, 26 de marzo de 1992 -, no a quien solicita una rectificación, máxime cuando el texto cuya inserción se solicita difiere sensiblemente del enviado en su día para replicar la información que se consideró inexacta y perjudicial para sus intereses y que da lugar a la protección judicial del derecho al honor. Los términos de la rectificación se circunscriben a la literalidad de la en su día enviada (9 diciembre 2006, doc. 40 de la demanda) por el FCB a EDM, con la "referencia semejante" que exige el art. 2 Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, en función de la repercusión e importancia concedida a la noticia por su ubicación especial o emplazamiento en el periódico, por su proyección de lectura, y por los caracteres tipográficos empleados (tamaño de las letras, intensidad de la tinta) - sentencia Audiencia Provincial de Sevilla de 17 de septiembre de 1994 -. Es decir, con inclusión de la referencia en la portada de la edición impresa, en lugar análogo de las páginas centrales y con caracteres tipográficos semejantes al artículo publicado el día 8 de diciembre de 2006.

3) Difusión de la sentencia estimatoria.

Es otra de las medidas solicitadas y autorizadas por el art. 9.2 Ley Orgánica 1/1992. Sin embargo, como indica la sentencia del Tribunal Supremo 1.ª de 15 de marzo de 2001, "Nada dice la misma del modo y extensión de llevar a cabo la decidida publicación judicial, habiendo declarado la sentencia de 15-7-96 que se facilita la aplicación potestativa por el órgano jurisdiccional, la que como es lógico, ha de guardar la correspondiente proporcionalidad entre difusión primera y reparación consiguiente".

EI FCB solicita la publicación de la sentencia a cargo de los demandados en edición digital e impresa de Le Monde y, además, en dos diarios catalanes (uno deportivo y otro de información general) con ámbito estatal, a elección del demandante. AI respecto, debe reconocerse que la difusión alcanzada por la noticia fue notable: medios de comunicación escritos (deportivos y de información general), radiofónicos y televisión, no solo por la relevancia, nacional e internacional de los clubs a los que se imputaba el dopaje, sino también por el prestigio y credibilidad del diario de quien procedía. Por ello, no se considera excesiva la difusión íntegra de la sentencia en los términos solicitados por el demandante, si bien la elección de los dos diarios catalanes no quedará en manos del FCB sino que se acudirá a los que acrediten mayor difusión por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).

4) Indemnización por los daños y perjuicios causados por la intromisión ilegítima.

EI art. 9.3 de la LO 1/1982 señala que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.

En suma, son indemnizables no solo los perjuicios causados sino también el daño moral, aspecto este último al que circunscribe su reclamación el FCB y que al tratarse de una persona jurídica se reduce a la vertiente objetiva o externa del honor como manifestación de su reputación pública (imagen y prestigio), prescindiendo del ámbito subjetivo o dignidad personal solo predicable de las personas físicas. Pero todavía debe hacerse otra reflexión derivada de la propia conducta procesal del demandante FCB. AI formular su demanda ante los juzgados y tribunales del Estado español e impetrar el Reglamento CEE 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, limitó su reclamación a los daños morales que se le hubieren irrogado en el territorio del Estado. De otra manera, si se reclamasen los daños causados fuera de España, debería haber acudido a los juzgados y tribunales del domicilio de los demandados (Francia). Así lo ha declarado, en interpretación del Convenio de Bruselas de 1968, sustituido actualmente por el citado Reglamento (art. 5.3.º), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto Minas de Potasse de Alsacia y Fiona Sevill, sentencias de 30 de noviembre de 1976 y 7 de marzo de 1995 ).

Establecido lo anterior, deben indicarse a continuación las siguientes circunstancias: 1.ª) La acusación de prácticas de dopaje a un club de fútbol, su equipo médico y jugadores es, como señala el actor, el más grave atentado al honor y prestigio de una asociación dedicada a la promoción y práctica del deporte, 2.ª) EI FCB es una asociación deportiva de notorio prestigio a nivel estatal (e internacional), tanto por su historia como por su actual momento deportivo; 3.ª) EI diario Le Monde, por no repetir lo indicado más arriba y a la vista de las cuentas del grupo del año 2003, publicadas en su página web citada por el actor, es un diario "influyente y leído por líderes de opinión europea", que si bien no goza de una gran difusión en España tiene una bien ganada credibilidad, buena prueba de ello es la enorme resonancia y debate que ha provocado su noticia (falsa), 4.ª) Un club que se encuentra bajo sospecha de dopaje ve desincentivado su seguimiento por socios, aficionados y simpatizantes, lo que resulta especialmente grave cuando como en el caso del FCB, el 25% de sus ingresos proceden de la "marca", esto es, de su imagen y prestigio, al tiempo que desmerece los títulos y objetivos deportivos conseguidos, y 5.ª) Es cierto que la edición impresa publicó de modo "no semejante" las "Cartes de quatre equips de futbol" que pretendían una rectificación de la información difundida, pero no lo es menos que no se hizo mención alguna (sí en la edición digital) al desmentido Don. Eulogio, supuesta fuente del redactor Sr. Carlos José, cuando de la misma se hizo eco la prensa española y mundial.

Con todo, la cuantificación económica que hace el FCB en el 1 % del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2006/2007, esto es, 3 millones de euros, es excesivo, tanto porque no parece que ese porcentaje sea el criterio a utilizar para valorar un daño moral, ya que se primaría, como dicen los demandados, el valor del honor de los económicamente más poderosos, cuanto porque en el mismo se incluyen conceptos y partidas patrimoniales ajenos a aquel o no reclamadas. Estimativamente, lo fijamos en 300.000 euros.

“Séptimo.- Al estimarse parcialmente la demanda no se hace pronunciamiento sobre las costas (art. 394 LEC ).”

TERCERO.- La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia de 27 de octubre de 2009, en el rollo de apelación n.º 376/2008, cuyo fallo dice:

“Fallamos.

“Estimar en part el recurs d'apel·lació interposat pel Don. Carlos José i la Société Editrice du Monde, S.A. contra la sentència dictada pel Jutjat de 1.ª Instància núm. 35 de Barcelona en data 10 de gener del 2008 en el procediment del qual deriven aquestes actuacions, revocar en part aquesta resolució en el sentit de:

“a).- deixar sense efecte la condemna de "Société Editrice du Monde" a rectificar em la edició impresa i publicar la rectificació en l'edició digital, pronunciaments que es contenen en els apartats 1 i 2 de la seva part dispositiva,

“b).- fixar la indemnització en la quantitat de 15.000€.

“c).- publicar, en les diaris que s'indiquen en la sentència de primera instància, l'encapçalament i la part dispositiva de la sentència dictada.

“La resta de la sentència es manté en la seva integritat sense fer imposició de les costes que deriven de l'apel·lació.”

CUARTO.- La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

“Primer.- El Futbol Club Barcelona (FCB) ha interposat una demanda contra el redactor d'un reportatge publicat el dia 7 de desembre del 2006 en l'edició digital de Le Monde i el dia següent en l'edició impresa. La demanda es formula també contra l'entitat editora. Explica que en aquella publicació es vincula el club amb un metge (Dr. Eulogio ) que en aquells moments es trobava imputat en unes diligències penals com a presumpte autor de pràctiques de dopatge i s'atribueix al club haver-li encarregat, per la temporada 2005-2006, un programa per la preparació dels futbolistes. Considera que aquesta informació atempta contra l'honor del club, dret que ha de prevaler sobre el dret d'informació perquè, en aquest cas, la informació publicada per Le Monde no és veraç. Per aquest motiu, en el seu moment va exercir el dret de rectificació, que l'editora no va complir adequadament.

Els demandats, en un primer moment, plantejaren una declinatòria en considerar que la competència territorial corresponia als Tribunals francesos. Per resolució de 14 de juny del 2007, el jutjat es declarà competent per la tramitació i resolució del litigi fent, però, la precisió, que la reclamació formulada es limita al perjudici causat dins del territori espanyol.

En relació a la pretensió de la part actora, s'oposaren a la demanda al·legant que la publicació respon a un periodisme de investigació i la informació publicada compleix l'exigible requisit de veracitat. Afegeix que, en tot cas, la demanda no podria prosperar perquè, en el seu moment, el FCB ja va exercir el seu dret de rectificació al qual es va donar compliment publicant la carta que se'ls va fer arribar, sense que ara puguin exercir de nou aquest dret que, d'altra banda, ja hauria caducat. Finalment nega la causació de danys i perjudicis i subsidiàriament, excés en la indemnització reclamada.

La sentència dictada en la primera instància descarta que l'acció exercida en aquest procediment pel FCB sigui la prevista a l'article 4 de la LO 2/84, que certament hauria caducat, sinó la de l'article 9.2 de la LO1/82 que empara el dret a replicar contra l'editora. Considera que la informació atempta contra l'honor del FCB i no havent quedat acreditat que la informació facilitada sigui veraç, condemna l'editora a publicar en l'edició digital i en la impresa la rèplica presentada pel club demandant i la sentència íntegra tant al mateix diari Le Monde com a altres dos de Catalunya i d'àmbit estatal així com a indemnitzar el FCB, pels danys i perjudicis causats, en la quantitat de 300.000€, reduint d'aquest manera la reclamació formulada per la part demandant.

Recorren en apel·lació els demandats que insisteixen en què els Tribunals competents són els francesos. Al·leguen que no s'han vulnerat els articles 2.1 i 7.7 de LO 1/82 perquè la informació tenia rellevància pública, era veraç i es va publicar el desmentit que li va fer arribar el FCB amb el que es donà efectivitat al seu dret de rectificació. En tot cas, no es pot pretendre efectuar una nova rectificació fora ja del termini que concedeix la LO 2/84 emparant-se en el dret de rèplica. Qüestiona la necessitat de què es publiqui la sentència, si més no de forma íntegre, i finalment insisteix en què la indemnització és excessiva, fins i tot la menor que ha concedit el jutjat.

El FCB i el Ministeri sol·liciten la confirmació d'aquella sentència.

“Segon.- Els demandats, en recórrer, insisteixen com a primer motiu de l'apel·lació en la falta de competència dels tribunals espanyols en favor dels francesos de conformitat amb el que estableix l'article 5.3 del Reglament (CE) núm. 44/2001 del Consell, de 22 de desembre del 2000, instrument jurídic comunitari vinculant i directament aplicable.

Com s'explica en aquesta mateixa norma comunitària, les regles de competència judicial que s'estableixen en el Reglament parteixen del principi de què la competència judicial es fixa en relació al domicili del demandat que és la norma que ha de regir excepte uns casos molt concrets en els què la matèria en litigi o l'autonomia de les parts justifica un altre criteri de vinculació (11). En tot cas -es segueix explicant a la norma- el fur del domicili del demandat s'ha de completar amb altres furs alternatius a causa de l'estret nexe existent entre l'òrgan jurisdiccional i el litigi o per facilitar una bona administració de justícia. Així, seguint els anteriors criteris, estableix en l'apart tercer del seu article 5 -en els mateixos termes que ho feia el mateix precepte del Conveni de Brussel·les de 27 de setembre de 1968- que "les persones domiciliades en un Estat membre podran ser demandades en un altre Estat membre: 3) En matèria delictual o quasidelictual, davant del Tribunal del lloc on s'hagués produït o pogués produir-se el fet causant del dany".

En diverses ocasions davant del Tribunal de Justícia CEE s'ha plantejat, com a decisions prejudicials, la interpretació que s'havia de donar a aquesta regla competencial en els casos en litigi. Així en la sentència de 7 de març de 1995 un Tribunal de Gal·les, on residia la perjudicada, es plantejà la seva pròpia competència en una acció de reclamació de danys i perjudicis per difamació contra l'editora de France-Soir, per una publicació principalment distribuïda a França però també a altres països. En tribunal parteix de què aquesta regla és de competència especial i que la seva elecció depèn només de l'opció del demandant, com ja havia raonat a les sentencies de 30 de novembre de 1976 i d'11 de gener de 1990. En el cas que el lloc on es situa el fet del què pot derivar la responsabilitat delictual o quasidelictual i el lloc on hagi ocasionat el dany, siguin diferents, l'expressió de l'article 5.3 s'ha d'entendre en el sentit que "s'està referint al mateix temps al lloc on s'ha produït el dany i al lloc del fet causal, de manera que el demandat pot ser citat, a elecció del demandant, davant de l'òrgan jurisdiccional tant del lloc on s'ha produït el dany com del lloc causal que genera aquest dany" (20), raonament que resulta perfectament aplicable tant pels danys materials com pel cas de "perjudicis no patrimonials, en particular, els causats a la fama i a la consideració d'una persona física o jurídica per una publicació difamatòria" (23). Per tant "el lloc de l'establiment de l'editor pot ser competent per conèixer de l'acció de reparació de la integritat del perjudici causat" (25), com també ho pot ser "el lloc on el perjudici s'ha materialitat" (27). l d'acord amb els anteriors raonaments conclou el Tribunal que, en cas de difamació internacional a través de la premsa difosa en diversos Estats contractants, l'expressió de l'article 5.3 s'ha d'entendre en el sentit de què "la víctima pot plantejar contra l'editor acció de reparació, bé davant dels òrgans jurisdiccionals de l'Estat contractant del lloc de l'establiment de l'editor de la publicació difamatòria, competents per reparar la integritat dels danys derivats de la difamació, bé davant dels òrgans jurisdiccionals de cada Estat contractant en què la publicació hagi estat difosa i en què la víctima al·legui haver patit un atac contra la seva reputació, competents per conèixer únicament dels danys causats en l'Estat de l'òrgan jurisdiccional el què s'hagi acudit".

En una sentència posterior, la de 19 de setembre de 1995, precisà el Tribunal que, el que no és possible en base a aquella doctrina, és interpretar aquell concepte "en el sentit d'incloure el lloc en el què la víctima al·lega haver patit un perjudici patrimonial consecutiu a un dany inicial sobrevingut i patit per ella en un altre Estat contractant", que no és el que succeeix en el cas que s'examina. A aquesta mateixa doctrina, s'ha referit el TJ CEE a la sentència de 10 de juny del 2004, en que es plantejà nova qüestió prejudicial en un supòsit, que no afecta al plantejant del present litigi.

En definitiva, el reportatge litigiós va ser publicat a França però va tenir una gran difusió a Espanya. El FCB ha optat per presentar la demanda per reclamar els danys i perjudicis que se li han causat davant dels Tribunals de Barcelona, que resulten plenament competents per examinar, conèixer i resoldre sobre els danys causats a Espanya d'acord amb l'article 5.3 del Reglament (CE) 44/01 i la interpretació donada per les sentències del TJ CEE. En aquests termes ho ha resolt el Jutjat de Primera Instància i per tant les al·legacions efectuades en el recurs interposat contra la sentència d'acord amb l'article 66.2 LEC, no poden prosperar.

“Tercer.- El 7 de desembre del 2006 en l'edició digital de Le Monde es va publicar un reportage subscrit pel periodista Carlos José que sota el títol "Le Real Madrid et le Barça liés au docteur Fuentes" (el Real Madrid i el Barça vinculats doctor Fuentes) explica (en la traducció literal al castellà no discutida per les parts) que "los clientes del doctor Eulogio, considerado por la justicia española sospechoso de ser el cerebro de la amplia red de dopaje sanguíneo al que los ciclistas Juan Pablo, Leovigildo y otros 56 ciclistas habrían recurrido, no pertencen únicamente al mundo del ciclismo. Clubes de fútbol, entre ellos el FC Barcelona (donde juegan, en particular, estrellas como Juan Ramón, Higinio, Alexander, etc) y el Real Madrid ( Augusto hasta junio, Calixto, Daniel, Eugenio, Florencio, etc) también habrían recurrido a los servicios del médico canario": Acte seguit afegeix que " Le Monde ha tenido acceso a una serie de documentos confidenciales, que no llevan nombres: los planes de preparación de dos clubes redactados a mano por el propio doctor Eulogio en una sencilla hoja de papel A4, Así, el programa de la temporada 2005-2006 del Barça se llevó a cabo para responder al objectivo principal del club (la Liga de Campeones, conseguida en mayo por los catalanes) y a los compromisos internacionales de los jugadores (la Copa del Mundo) [...] En función de dichos encuentros y del calendario de la Liga española (cuya última temporada también ganó el FC Barcelona) aparecen en el programa signos manuscritos (un círculo IG) correpondientes a períodos de preparación o de recuperación. Dichas inscripciones en clave son idénticas a las que aparecen en los planes de preparación elaborados por el doctor Eulogio para los ciclistas del equipo Liberty Seguros, que la Policía española, la Guardia Civil, incautó en mayo en el marco de la Operación Puerto".

Un reportatge redactat en temes similars es va publicar a doble pàgina, en les pàgines centrals de l'edició impresa de Le Monde del dia 8 de desembre i anunciada a la mateixa portada del diari.

La demandada sosté que aquest reportatge és fruit de la investigació que va portar el periodista que el subscriu, el codemandat Sr. Carlos José, durant 3 o 4 mesos i que, si es publicà, fou precisament per la rigorositat de la labor i la veracitat de la informació obtinguda.

El FCB al·lega que el reportatge publicat a Le Monde atempta greument contra l'honor del club en tant que, després de vincular-lo expressament amb el Dr. Eulogio, recordant la situació jurídica en la que es trobava immers i els fets que se li imputaven, atribueix al Club haver acudit i encarregat a aquest metge la planificació de la temporada 2005-2206, temporada en la què els jugadors internacionals tenien que afrontar importants responsabilitats amb les seves seleccions i a l'hora, el FCB tenia com a objectiu revalidar la lliga i aconseguir la Copa d'Europa, com així va ser. El FCB sosté aquest reportatge afectava el seu honor, dret al qual l'article 18.1 CE atribueix el rang de dret fonamental.

El dret a l'honor és un concepte jurídic indeterminat i la seva delimitació depèn de les normes valors i idees socials vigents en cada moment. Amb un intent de donar-ne una definició, el Tribunal Constitucional entre d'altres a les sentències d'11 d'octubre de 1999, 11 de desembre del 2000, 26 de febrer del 2001, 9 de desembre del 2002 ha assenyalat que el dret a l'honor empara la bona reputació d'una persona protegint-la davant d'expressions o missatges que puguin fer-la desmerèixer en la consideració d'altri atès que van dirigides al seu descrèdit o menyspreu, o perquè públicament es consideren afrontoses. EI prestigi professional pot constituir una manifestació del dret a l'honor atesa la manifestació externa que comporta, la transcendència que pot tenir per aquest prestigi davant de tercers determinades opinions o informacions i l'afectació a la imatge pública que això pot suposar, com va mantenir el Tribunal Constitucional en sentència de 27 de novembre del 2000. Aquest significat no permet excloure de protecció a les persones jurídiques quan han patit una agressió a la seva dignitat en l'àmbit en què actuen ( STS 9 de desembre de 1993 i STC 26 de setembre de 1995 ).

El problema que es planteja en aquest procediment -problema d'altra banda habitual- és el conflicte entre el dret a l'honor, com a dret fonamental protegit a l'article18.1 CE i el dret a la llibertat d'expressió i /o informació. Efectivament, la Constitució Espanyola reconeix com a dret fonamental el dret a comunicar i rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió (apartat D de l'article 20). El Tribunal Constitucional, amb la intenció de distingir el dret a la llibertat d'expressió del dret a la informació, ha assenyalat que aquest compren el dret a comunicar i rebre informació que versa sobre fets o, potser, de forma més restringida, sobre aquells que es puguin considerar noticiables.

El dret a la llibertat d'informació, en una societat democràtica, apareix com un dret essencial per assegurar la formació d'una opinió pública lliure i un pluralisme polític que es propugnen com a valors superiors de l'ordenament jurídic d'un Estat social i democràtic de Dret (article 1 CE). En aquest sentit, el Tribunal Europeu dels Drets Humans, a la sentència de 8 de juliol de 1986, declara que la llibertat d'expressió i de informació constitueixen uns dels fonaments essencials de la societat democràtica, i no només es refereix a les informacions o idees considerades inofensives o indiferents, sinó també per aquelles que molesten o inquieten. Aquesta doctrina ha estat recollida pel Tribunal Constitucional Espanyol que, en sentència de 14 d'octubre de 1998, manté que "els drets fonamentals han de sacrificar-se en la mesura en què resulti necessari per assegurar la informació lliure en una societat democràtica, tal i com estableix l'article 10-2 del Conveni Europeu de Drets Humans". I en la més recent de 23 de març del 2009, remetent-se substancialment a la doctrina dictada pel Tribunal Europeu de Drets Humans en interpretació de l'article 10.1 del conveni Europeu de Drets Humans, assenyala que, en la ponderació d'aquells drets fonamentals, "s'ha de partir de la posició especial que en el nostre ordenament ocupa la llibertat de informació, ja que a través d'aquest dret no només es protegeix un interès individual sinó que la seva tutela suposa el reconeixement i garantia de la possibilitat d'existència d'una opinió pública lliure, indissolublement unida al pluralisme polític propi de l'Estat democràtic" (en el mateix sentit STS d' 11 de mar ç i 2 de juny del 2009 ).

Ara bé, el dret a la informació (tant en la vessant activa com passiva) en un Estat social i democràtic no són, ni poden ser, un dret absolut i il·limitat. El mateix apartat 4 de l'article 20 CE, d'acord amb l'article 10 del Conveni de Roma per la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (ratificat per Espanya el 26 de setembre de 1979), estableix que aquelles llibertats previstes com a drets fonamentals en l'apartat 1, tenen el seu límit en el respecte en els drets reconeguts en el mateix títol i molt especialment en el dret a l'honor, que és reconegut com a dret fonamental per la Constitució Espanyola (article 18.1CE) i a l'article 12 de la Declaració Universal de Drets Humans.

Quan entren en conflicte el dret de informació amb el dret a l'honor, la seva protecció s'ha de fer cas per cas, sense poder fixar apriorísticament límits o fronteres ( STS de 13 de gener de 1999, 29 de juliol de 2005 i 22 de juliol de 2008 ) tenint present però, segons reiterada doctrina constitucional, que la protecció del dret a la informació es condiciona a què la informació que es transmeti sigui veraç i relativa a assumpte de interès general o rellevància pública ( STC 14 de setembre de 1999, 11 de desembre del 2000, 4 de juny del 2007, 23 de març del 2009 ). En definitiva, com es raona, entre d'altres, a les sentències de 11 d'octubre de 1999 i 26 de febrer del 2001, "les llibertats de l'article 20.1a i d de la Constitució, ni protegeixen la divulgació de fets que, defraudant el dret de tots a rebre informació veraç, no són sinó simples rumors, invencions i insinuacions mancades de fonament".

En el cas que s'examina l'interès públic de la informació objecte del reportatge no és realment una qüestió discutida. El conflicte es genera en la veracitat de la informació publicada.

“Quart.- El jutjat entén que les proves practicades no permeten, en aquest cas, considerar acreditat aquell requisit de veracitat. En aquest punt, atesos els termes en què s'ha plantejat l'apel·lació i abans d'entrar en l'anàlisi de les proves practicades, ens hem de referir a la doctrina que en relació a aquest requisit han establert tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem.

La veracitat a què es refereix l'article 20.1d) CE no s'ha d'identificar amb la idea d'objectivitat, ni amb la realitat incontrovertible dels fets, doncs, això significaria limitar la informació a fets o successos plenament demostrats ( STC 14 de setembre de 1999 ). El que es tracta és de negar la protecció constitucional als que transmeten com a fets certs, bé simples rumors, mancats de tota constatació, bé meres invencions o insinuacions sense comprovar la seva realitat amb les oportunes indagacions pròpies d'un professional diligent, sens perjudici de què la seva exactitud resulti controvertida o s'incorri en errors circumstancials que no afectin a l'essència del que s'ha informat ( STC de 23 de juny del 2008 ). Segons, raona el Tribunal Constitucional en aquesta sentència, el que impedeix la Constitució no és privar de protecció a les informacions que puguin resultar errònies, sinó establir un deure de diligència sobre l'informador a qui, es pot i s'ha d'exigir, que allò que transmet com a "fets" hagin estat prèviament contrastats amb dades objectives. D'acord amb això "el requisit de la veracitat s'haurà d'entendre complert en aquells casos en què l'informador hagi realitzat amb caràcter previ a la difusió de la noticia una tasca d'indagació dels fets sobre els que recau la informació i efectuada amb la diligència que és exigible a un professional de la informació" ( STC 23 de juny del 2008 ), afegint que aquest nivell de diligència exigible adquirirà la seva màxima intensitat quan la noticia que se difon pugui suposar, pel seu propi contingut, un descrèdit en la consideració de la persona a la què es refereix la informació.

En definitiva, doncs, segons aquesta doctrina, amb aquest requisit el que s'exigeix a l'informador és un específic deure de diligència en la recerca de la veritat de la notícia i en la comprovació de la informació difosa, evitant que, sota l'aparença d'una informació veraç, s'informi sobre el que són simples rumors sense constatació o invencions o insinuacions sense comprovar la seva veracitat amb les investigacions oportunes ( STC 6/88, 240/92, 178/93). En el mateix sentit s'ha pronunciat el Tribunal Suprem a les sentències de 30 de desembre de 1995, 27 de setembre del 2000, 11 de desembre del 2000, 20 d'octubre de 2008, 19 de febrer del 2009.

El reportatge publicat per Le Monde abordava un tema d'especial rellevància (en aquell moment i encara ara) com és la utilització de substàncies dopants en la pràctica de l'esport a alt nivell així com l'actuació que tindrien els clubs i equips en el seu foment i consum. El que es mantenia en el reportatge del Sr. Carlos José, és que aquella pràctica, a Espanya, no quedava limitada al món del ciclisme, que havia determinat la incoació d'una important operació policial, sinó que s'estenia al futbol d'alt nivell. I així atribuïa al FCB haver planificat, acudint als serveis del metge que estava imputat en les diligències penals incoades per aquella Operación Puerto (operació policial), la temporada futbolística en la què havien guanyat uns títols importants. En definitiva, imputava al FCB haver contractat el Dr. Eulogio perquè dissenyés i planifiqués la temporada 2005-2006 per tal que els seus jugadors poguessin mantenir el ritme que exigien els compromisos de les seves seleccions i a l'hora, mantenir un alt rendiment en les competicions que el Club s'havia proposat aconseguir, i que finalment es van aconseguir. D'aquesta manera, no només s'imputava al FCB una actuació orquestada per una persona imputada per pràctiques dopants, sinó que a l'hora posava en entredit els títols que s'havien aconseguit aquella temporada, el que suposava, en l'àmbit al que va dirigida la informació, un evident descrèdit no tan sols per l'equip sinó pel mateix club, en atribuir-li una actuació que, en similars circumstàncies, havia donat lloc a la incoació d'unes diligències policials. A més, les imputacions es feien vinculant directament el FCB amb el metge que es trobava imputat en les diligències penals, vinculació que era el que encapçalava el reportatge, imputació que suposa actualment un evident afrontament al seu honor. Hem de recordar que l'honor, com raona el Tribunal Suprem en sentències de 20 de juliol i 2 de setembre de 2004 i 15 de juny del 2009, constitueix un concepte jurídic la precisió del qual depèn de les normes, valors i idees socials vigents en cada moment i amb la protecció del qual es pretén emparar a la persona davant d'expressions que la facin desmerèixer en la consideració aliena, o que provoquin el seu descrèdit o menyspreu o es tinguin públicament per afrontoses.

La part demandada sosté que la informació publicada és veraç el que determina, que en aquest cas, el dret a la informació ha de prevaler sobre el dret de l'honor del FCB. No obstant, és quan s'entra en l'anàlisi d'aquest requisit, que les al·legacions de la part apel·lant no poden prosperar. El Sr. Carlos José narra com a fets certs una greu actuació que aquest reporter al·lega haver sabut del mateix Dr. Eulogio durant més d'una entrevista i haver comprovat amb la documentació que hi hauria ensenyat aquest metge, que hauria contrarestat amb la que fou incautada per la Guardia Civil en el decurs de l'Operación Puerto i que es trobaria unida a les actuacions penals. Segons la part demandada aquestes investigacions serien suficients per considerar que s'havia donat compliment al deure de diligència en la recerca de la veritat de la notícia i en la comprovació de la informació que s'imposa al reporter.

Examinada la prova practicada, les al·legacions de la part demandada, ara apel·lant, no poden ser compartides per aquest Tribunal. El Sr. Carlos José ha explicat que la primera informació de la vinculació que hi havia entre el Dr. Eulogio i certs futbolistes d'alta nivell, la va obtenir d'un ciclista ( Ezequiel ). Aquesta informació l'hauria dut a entrevistar-se durant el mes d'agost del 2006 amb el Dr. Eulogio, que després de moltes trucades li va deixar entreveure que també treballava amb clubs de fútbol, però com que el seu objectiu era veure les fitxes dels seus clients, va continuar insistint fins que el Dr. Eulogio li concedí una entrevista en la que li explicà quin fou l'encàrrec que havia rebut del FCB, la planificació que els havia fet i li ensenyà aquelles fitxes, que segons va poder comprovar eren molt similars a les que havia incautat la Guardia Civil i estaven unides a les diligències penals. No obstant, aquestes explicacions no han estat ni tan sols mínimament corroborades. El Dr. Eulogio, en comparèixer com a testimoni, ha reconegut haver-se entrevistat amb el Sr. Carlos José i haver-li explicat com planificava ell una temporada de futbol perquè és cert que ha treballat amb clubs de 1a i 2a divisió, però nega haver-li dit que el FCB hagués contractat, d'una manera o altra (directament o indirectament), els seus serveis per planificar aquella temporada, perquè no ho ha fet mai. Afegeix el Dr. Eulogio que l'entrevista es va gravar i que el Sr. Carlos José es va quedar una còpia. Si això és cert, aquesta còpia no ha estat aportada a les actuacions.

El demandat reconeix que a les fitxes que li va ensenyar el Dr. Eulogio no hi havia noms, sinó planificació de temporades i si els va donar credibilitat fou perquè eren molts similars a les que foren incautades per la Guardia Civil en l'Operación Puerto. Es desconeix, però, com va tenir accés aquest periodista a les diligències penals on estaven aportats aquests documents.

Una altra de les circumstàncies que va resultar decisiva, segons reconeix el mateix Sr. Carlos José, per donar credibilitat al que se li havia explicat, era la informació que s'havia publicat que havia vinculat en dues ocasions el FCB amb el Dr. Eulogio i que mai va ser desmentida pel Club. El Sr. Carlos José es referia a uns contactes que sembla que s'haurien mantingut anys abans per una altra junta directiva, el resultat de les quals no ha quedat prou clar. La dada com a criteri de versemblança o credibilitat resulta francament molt feble.

Així, doncs, el demandat va donar absoluta credibilitat a una informació en base a unes dades que no es poden considerar suficientment contrastades als efectes que s'examinen. És més, ell mateix ha reconegut que era plenament conscient de què no disposava de proves de la informació que posteriorment va publicar i de fet estava convençut que el Dr. Eulogio ho negaria tot, de la mateixa manera que el ciclista Don. Ezequiel no ratificaría públicament les dades que li facilità a l'inici de la investigació. En aquestes circumstàncies, i en base a unes dades inconsistents, es va publicar una noticia plantejant com a certs i comprovats uns fets que podien suposar el descrèdit del FCB deixant entreveure una vinculació amb els fets investigats per la Guardia Civil. De fet, el Sr. Carlos José ha reconegut que, malgrat tot, es va decidir publicar aquella informació perquè creien, que estant encara obertes les diligències penals per l'Operación Puerto, la policia espanyola acudiria a ell per interessar-se per la seva font i per les dades que facilitava en el seu reportatge que posaven en evidencia que aquella xarxa s'estenia més enllà del ciclisme.

Hem de compartir, doncs, amb el jutjat que la veracitat de la informació que manté la part demandada descansaria en unes fonts i comprovacions que a la vista de la prova practicada, resulten insuficients per poder considerar complert el deure de diligència que s'exigeix a l'informador quan la seva informació entra en conflicte amb el dret a l'honor. En definitiva, no hi ha dades que permeti posar en connexió el fets publicats que afecten el FCB (contingut de la noticia) amb un procés diligent d'obtenció i comprovació de la informació (veracitat). En aquest punt, el recurs ha de ser desestimat.

“Cinquè.- Els demandats entenen que la demanda interposada pel FCB demanant la tutela de l'honor del club, en tot cas, no hauria de prosperar perquè en el seu moment ja va publicar l'escrit que el FCB enviaren en exercici del dret de rectificació.

Al marge de si Le Monde va difondre l'escrit ajustant-se o no estrictament als requisits que estableix la llei d'aquest dret (en tot cas el FCB en el seu moment no va exercir judicialment el dret de rectificació) el cert és que la publicació efectuada amb la intenció de donar compliment a la petició de rectificació reclamada per qui es considerà perjudicat per la informació no impedeix l'exercici d'altres accions.

El dret de rectificació és una de les mesures que integren la tutela judicial del dret a l'honor i confereix a la persona que es considera al·ludida i perjudicada per una informació inexacta, la possibilitat de corregir-la o contestar-la públicament. Com va assenyalar el Tribunal Constitucional en la sentència 168/1986 de 22 de desembre, "el dret de rectificació és només un mitjà del que disposa la persona al·ludida per prevenir o evitar el perjudici que una determinada informació li pot irrogar en el seu honor o en qualsevol dels altres drets o interessos legítims quan consideri que els fets que es mencionen no són exactes". Aquesta mesura a més d'un mitjà de protecció pel perjudicat, és ( SSTC 35/1983 i 168/1986 ) una garantia de l'opinió pública lliure.

L'exercici d'aquest dret per part de qui es considera perjudicat per una informació incorrecte és independent de la reparació del dany que s'ha pogut causar amb la difusió. És més, la contestació donada o rectificació demanada per l'al·ludit no suposa que els mitjans de comunicació s'hagi de desdir o negar la informació que havia publicat, i en el cas que s'examina no ho va fer com es pot apreciar en l'extensa documentació aportada. El que provoca o determina, en definitiva, és el dret de l'al·ludit a oferir una altra versió dels fets, la seva, i per tant a contradir la informació difosa ( STC 41/1994 ).

Per tant, el dret de rectificació de la LO 2/84 és perfectament compatible amb les altres accions, civils o penals, que l'ordenament jurídic concedeix a qui es considera perjudicat per la informació difosa. El mateix article 6 de la LO 2/84 en el seu darrer paràgraf així ho estableix. El Tribunal Suprem en sentències de 18 de juliol de 1988 i 11 de desembre de 1989 es refereix expressament a la independència d'aquestes accions, assenyalant, en la de 24 de novembre de 1995, que són "dues modalitats d'exercici del dret subjectiu perfectament compatibles". En definitiva, com conclou la sentència de 26 de juny de 1996, la rectificació de la LO 2/84 és una possibilitat per la defensa de l'honor, amb independència de que s'exercitin o no altres accions. En conseqüència, el sol fet de què s'hagués exercit extrajudicialment el dret de rectificació i que Le Monde hagués publicat quasi bé en la seva integritat l'escrit que li va fer arribar el FCB, no determina que, per aquest sol fet, la petició de tutela que es formula a l'empara de l'article 9 LO 1/82 hagi de ser desestimada. Qüestió distinta és si les mesures de reparació que es demanen són o no procedents.

“Sisè.- Estableix l'article 9.2 LO 1/82 que la tutela judicial comprendrà l'adopció de totes les mesures necessàries per posar fi a la intromissió il·legítima,i restablir al perjudicat en el complet gaudiment dels seus drets i prevenir o impedir intromissions ulteriors. Entre aquestes mesures s'inclouen les cautelars, dirigides al cessament immediat de la intromissió il·legítima, el reconeixement del dret a replicar, la difusió de la sentència i la condemna a indemnitzar els perjudicis causats, com a mesures merament reparadores.

La sentència dictada en la primera instància, estimant en part la demanda formulada pel FCB, condemna a:

vRectificar:

a)- Rectificar l'article publicat en l'edició impresa del 8 de desembre del 2006, amb la publicació de l'escrit presentat pel FCB el dia 9 d'aquell mes amb iguals condicions de format, ubicació, espai i tipografia i amb una referència a la portada.

b)- Incloure en l'edició digital l'esmentat escrit de rectificació de manera que anterior rectificació aparegui amb caràcter previ al reportatge publicat el 7 de desembre.

vIndemnitzar el FCB en 300.000€ pels perjudicis causats.

vPublicar en la seva integritat i al seu càrrec la sentència, tant en l'edició digital com en la impresa, i a més, en dos diaris de Catalunya, un esportiu i l'altre de informació general, amb àmbit estatal.

Les tres mesures acordades pel jutjat són objecte de l'apel·lació.

En relació a la primera d'elles, al·lega l'apel·lant que no resulta procedent demanar i acordar la rectificació de la informació emparant-se en el "dret a replicar" quan el dret de rectificació està regulat en una llei especial i està sotmès a uns terminis, tràmits i procediments determinats. El jutjat entén que Le Monde no va rectificar correctament quan el FCB li ho va demanar extrajudicialment i per tant, la mesura pot ser ara acordada com a dret de rèplica. El que es planteja, en definitiva, en aquest moment, és en què consisteix aquell dret de rèplica i si es pot identificar amb el dret de rectificació i la resposta francament no resulta clara.

La LO 1/82 no assenyala què s'ha d'entendre ni fixa el contingut del dret de rèplica i la LO 2/84, en regular el dret de rectificació, no identifica aquest dret de rectificació amb el dret de rèplica, que com a mesura reparadora preveu l'article 9.2 LO 1/82. La majoria de la doctrina ho explica en la legislació que estava vigent en el moment de ser publicada la LO 1/82 que es referia, sense concretar el seu contingut, al dret de rèplica en relació a la premsa escrita (articles 58 a 62 de la Llei de premsa de 1966). Segons aquest sector doctrinal fou amb la LO 2/84, derogant aquells articles de la Llei de Premsa, que aquest dret (sense contingut concret o específic) fou desenvolupat amb la nova denominació de dret de rectificació. No obstant altres autors no deixen de posar en relleu, certes diferències entre un i altre mentre que un tercer grup, entén que són drets diferents i independents entre ells.

Sigui com sigui, si el FCB va entendre, no sense raó, que Le Monde realment li havia denegat la rectificació demanada perquè no havia publicat el text complert i a més l'havia difós sense donar-li la rellevància deguda, podia formular la seva reclamació judicialment exercint la corresponent acció en el termini de set dies de caducitat que fixa la llei, i no ho va fer. Transcorregut aquest termini, l'al·ludit ja no podia exercir aquesta acció sens perjudici, evidentment de les altres accions que li reconeix l'ordenament jurídic. El que s'exercita, en aquest procediment, és, precisament, una d'aquestes altres accions, i és en aquest àmbit de l'article 9.2 de la LO 1/82 que s'ha d'examinar la mesura sol·licitada.

Si la rèplica, o la rectificació segons els autors, suposa donar possibilitat al perjudicat o al·ludit per una informació, d'accedir als mitjans de publicació per donar a conèixer a l'opinió pública la seva pròpia versió, donar detalls o fins i tot, desmentir la informació publicada, en aquest cas, la mesura sol·licitada es considera innecessària perquè Le Monde publicà dies després, en la major part i en tot cas en la més significativa i rellevant, l'escrit que li enviaren els clubs al·ludits, entre ells el FCB. És cert que no es va donar a aquesta publicació la rellevància que havia tingut la noticia, però el que s'evidencia amb la documentació aportada és que el FCB va tenir accés més que suficient a la premsa per manifestar la l'opinió, versió i desmentits. En aquestes circumstàncies, la mesura sol·licitada per aquest club i acordada pel jutjat a hores d'ara esdevé, a criteri d'aquest Tribunal, una mesura ja innecessària com a mesura reparadora del dany causat.

“Setè.- També la publicació de la sentència, en els termes objecte de la condemna ha estat qüestionada en apel·lació. La part demandada, ara apel·lant, considera que aquesta mesura no seria necessària atesa l'escassa difusió que Le Monde té a Espanya i els mitjans i possibilitats de les que disposa el FCB per donar a conèixer al públic el contingut de la resolució judicial. En tot cas, el que resulta absolutament injustificat és la publicació íntegra del text.

La difusió o publicació de la sentència té per finalitat posar en coneixement del públic en general la resolució d'un litigi que s'ha generat per una informació publicada i que, en alguns casos -com el present- va originar un seguit de respostes, entrevistes, desmentits, afirmacions... que es van mantenir durant un cert temps. La publicació o difusió de la resolució judicial que declara que es va produir infracció del dret a l'honor d'un dels clubs al·ludits en aquell reportatge, resulta una mesura procedent per la reparació del dany causat, sense perjudici, evidentment, del ressò que se'n pugui fer la premsa i de les possibilitats que tingui el FCB per accedir als mitjans de comunicació. Qüestió distinta és si és necessària la publicació íntegre de la sentència.

En aquet punt s'ha de tenir present, com raona el Tribunal Suprem en sentència de 30 de novembre de 1999, en el mateix sentit que la de 15 de juliol de 1996, que "tenint la publicació de la sentència una facultat reparadora del dret vulnerat per la intromissió il·legítima, aquesta mesura ha de ser suficient per aconseguir aquella reparació, guardant una relació de proporcionalitat amb el dany causat". En el cas que s'examina, la publicació íntegra de la sentència, per les conseqüències econòmiques que això comporta i la finalitat que es persegueix, és considera una mesura desproporcionada. La publicació de l'encapçalament i la part dispositiva de la sentència on en definitiva es recull la declaració de què s'ha vulnerat el dret a l'honor del FCB i les mesures adoptades per la reparació del dany causat, resulta suficient i proporcionat a la mesura del dany causat. Per tant en aquest punt, la sentència dictada en la primera instància haurà de ser modificada.

“Vuitè.- Reclamava el FCB una indemnització de 3.000.000€ pels danys i perjudicis causats. En primera instància se li ha concedit 300.000€, indemnització que els demandats consideren excessiva.

La indemnització de danys i perjudicis, com a mesura de reparació del dany (article 9.2 LO1/82) parteix de la presumpció legal de què, tota intromissió il·legítima produeix un perjudici (article 9.3). La indemnització s'estendrà al dany moral, que es valorarà atenent a les circumstàncies del cas i a la gravetat de la lesió efectivament produïda, per la qual s'haurà de tenir en compte la difusió o audiència del mitjà. Es valorarà també per fixar-lo el benefici que hagi obtingut el causant de la lesió (article 9.3).

En aquest punt, es fa necessari recordar que els tribunals espanyols als que ha acudit el demandant, només tenen competència per conèixer de la reclamació pels danys causats en el territori espanyol.

La informació publicada per Le Monde suposava un gran descrèdit pel FCB, perquè li imputava una actuació, com a mínim, socialment reprovable, però a més, suposava posar en entredit els títols aconseguits per l'equip en aquella temporada 2005-2006. El reportatge era susceptible, doncs, de causar-li un important dany moral. Altrament la informació publicada pel diari francès va tenir un gran ressò a la premsa espanyola i en particular a la catalana però, segons resulta de la documentació aportada (reculls de premsa), la premsa espanyola i la catalana, en especial, es descantava en la seva gran majoria, a recollir els desmentits dels clubs, dels jugadors, dels seus serveis mèdics, a posar en entredit la credibilitat Don. Eulogio com a font de la informació publicada a Le Monde, a explicar els controls de dopatge que es realitzen a Espanya i els resultats que s'han obtingut que descartarien una planificació com la denunciada, així com l'obsessió de la premsa francesa per l'esport espanyol i la seva relació amb el dopatge (es feia referència a les acusacions que s'havien efectuat amb anterioritat a Juan María, Borja, Agustín i a alguns membres de l'equip espanyol d'atletisme), els desmentits del mateix Dr. Eulogio, reclamant finalment en diverses ocasions, la necessitat de què el FCB exercís accions legals davant l'acusació que havia formulat Le Monde. En definitiva, la premsa espanyola es va fer ressò de la informació publicada per Le Monde però, majoritàriament no li donà credibilitat (falsas acusaciones, deia El Periódico ) constatant la falta de proves i com a conseqüència d'això la premsa esportiva demanava la necessitat (i fins i tot en algun cas s'exigia) de què el club respongués exercint accions legals contra les acusacions rebudes (querellar-se o no - diari El 9 ).

Altrament no es pot deixar de tenir en compte, a aquests efectes, les possibilitats que té i ha tingut el FCB, els seus jugadors, serveis mèdics... per accedir als mitjans de comunicació i poder donar totes les explicacions relacionades amb el reportatge de Le Monde i fer els desmentits que ha considerat convenient, evitant o contribuint així a què la informació publicada pel diari francès no incidís negativament (pel FCB) en l'opinió publica espanyola. D'aquesta manera el dany moral (descrèdit) que s'ha ha causat al FCB dins de l'Estat (única reclamació que es troba dins de la competència del tribunals espanyols) ha estat menor i en cap cas justifica una indemnització com la concedida pel jutjat, que pels motius exposats i les circumstàncies del cas, haurà de ser reduïda a la quantitat de 15.000€.

“Novè.- L'estimació en part del recurs determina que no es faci expressa imposició de les costes que deriven de l'apel·lació (article 398.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil).”

QUINTO.- En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Societé Editrice du Monde y de D. Carlos José, se formula el siguiente motivo de casación:

Motivo único. “Infracción del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en relación con el artículo 7.7 del mismo cuerpo normativo y en conexión con la vulneración del artículo 20.1.d) de la Constitución Española.”

Se funda, en resumen, en lo siguiente:

La sentencia impugnada infringe el artículo 20.1.d) CE en la medida en que entiende que se conculcó el derecho al honor de la parte demandante como consecuencia de la noticia publicada en las ediciones impresa y digital del diario francés Le Monde los días 7 y 8 de diciembre de 2006 cuando, a juicio de la parte recurrente, en el tratamiento dispensado a la noticia no se rebasaron los cauces legal y jurisprudencialmente establecidos al efecto.

Sostiene que la información publicada que dio lugar a la demanda del FCB estaba extensamente documentada, contaba con un indiscutible interés general o relevancia pública y afectaba también a personas y entidades que, por su constante aparición en los medios de comunicación y en el ámbito en el que se desenvuelven gozan de la condición de personas públicas.

Afirma que el periodista autor de la información, contrariamente a lo que declara la sentencia recurrida, sí cumplió el deber de diligencia exigible, sin que se tratasen de meras suposiciones o rumores carentes de fundamento. Antes al contrario, la labor de investigación periodística desplegada fue minuciosa y concienzuda, al margen de que determinados extremos fácticos contenidos en la información no pudieran ser objeto de una prueba directa en sede judicial, sin que resulte jurídicamente admisible, focalizar un aspecto puntual de la noticia y soslayar el resto a efectos de determinar si la información fue o no debidamente contrastada y si el periodista comprobó la noticia diligentemente. El hecho de que el Sr. Eulogio negara a posteriori un concreto punto de lo publicado no puede erigirse en motivo para dudar de la veracidad de la noticia, dado que fue el mismo periodista quien vio la documentación y pudo comprobar que todos los datos que le habían sido suministrados se correspondían con las anotaciones que aparecían en la documentación incautada en los registros que fueron practicados por la Guardia Civil en los distintos centros que el Sr. Eulogio tenía.

Por todo lo anterior afirma que la labor de averiguación desplegada se ajustó plenamente a los parámetros objetivos establecidos en la jurisprudencia y no se produjo ninguna injerencia ilegítima en los derechos de la personalidad del demandante.

Termina solicitando de la Sala “Que, previa admisión a trámite del recurso interpuesto y demás tramites de rigor, acuerde dar lugar los mismos, casando y anulando la referida sentencia de la Sala de la Audiencia Provincial, y acuerde con ello la plena desestimación de demanda inicial con la consiguiente absolución de mis representados de todas las pretensiones frente a los mismos deducidas por la representación procesal de la demandante-recurrida, con expresa imposición a esta última de las costas procesales originadas en las instancias.”

SEXTO.- Por auto de 14 de septiembre de 2010 se acordó admitir el recurso de casación.

SÉPTIMO.- En el escrito de oposición al recurso de casación presentado por la representación procesal del Fútbol Club Barcelona se formulan en síntesis, las siguientes alegaciones:

Al motivo único.

El recurrente parte de la veracidad de la noticia (que no existe, según la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia) que publicó el periódico Le Monde para considerar que no se ha producido una vulneración del derecho al honor de la recurrida y sí una vulneración del derecho a la libertad de información. La falta de veracidad de la noticia es una cuestión probada que no cabe discutir en esta sede sino es haciendo supuesto de la cuestión, puesto que la valoración de la prueba ha de permanecer incólume en casación. Por tanto, si se acepta la valoración efectuada por la Audiencia, la conclusión que se extrae es que la información publicada por Le Monde adolece de veracidad y que el periodista autor de la noticia no hizo el más mínimo esfuerzo de contrastar la información que iba a publicar, lo que conlleva que deba prevalecer el derecho al honor de la parte recurrida y por tanto, la desestimación del recurso.

La imputación que se hace al FCB al relacionarle con prácticas de dopaje durante la temporada 2005-2006 constituye una grave lesión al derecho al honor al conculcar dicho derecho en su vertiente de prestigio profesional al descalificarse su comportamiento en el desempeño de su actividad profesional.

Estima la parte recurrida que si bien la información contenida en el artículo publicado versa sobre asuntos de relevancia pública, la información publicada es falsa y su veracidad no ha podido acreditarse mediante la prueba practicada, correspondiendo la carga de la prueba al informador.

Añade que la doctrina constitucional sobre el requisito de veracidad no exige una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información sobre los elementos complementarios o de menor trascendencia como sucede con los elementos esenciales de la misma, negando la protección constitucional a los que transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación y contraste. En el caso que nos ocupa, la información publicada en el periódico Le Monde en relación con las posibles prácticas de dopaje del FCB es totalmente falsa y ni siquiera ha sido contrastada con datos objetivos, motivo por que el que no goza de protección. Cita la STC 53/2006 de 27 de febrero y la STS 51/2003 de 31 de enero.

Precisa que el informador tiene un deber especial de comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante las oportunas averiguaciones, debiendo emplear la diligencia exigible a un profesional en aquellos supuestos en los que la información publicada pueda ser constitutiva de una intromisión del derecho al honor de una persona. En este sentido cita el ATC 353/2008 de 10 de noviembre. De ahí que en nuestro caso dada la gravedad que revestía la imputación que se hacía al FCB, el periodista tenía la obligación de hacer uso de una extremada diligencia, que no observó.

Además señala que no solo no puede considerarse veraz la información publicada, sino que la forma absolutamente intencionada en que se ha publicado la noticia ha agravado considerablemente la lesión del derecho al honor de la parte recurrida al enfatizar de forma clara la vinculación del FCB con las prácticas de dopaje.

Termina solicitando de la Sala “Que teniendo por presentado, en tiempo y forma, oposición al recurso de casación interpuesto de adverso contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2009 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, se desestime el referido recurso, confirmándose la sentencia recurrida, con expresa imposición a Societé Editrice du Monde y Don. Carlos José de las costas causadas.”

OCTAVO.- El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso de casación.

NOVENO.- Para la deliberación y fallo del recurso se fijó el día 25 de octubre de 2011, en que tuvo lugar.

DÉCIMO.- En los fundamentos de esta resolución se han utilizado las siguientes siglas jurídicas:

CE, Constitución Española.

FJ, fundamento jurídico.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial.

LPDH, Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

RC, recurso de casación.

SSTC, sentencias del Tribunal Constitucional.

SSTS, sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

STC, sentencia del Tribunal Constitucional.

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1. El Fútbol Club Barcelona (en adelante, FCB) formuló demanda de protección civil del derecho al honor por la publicación, los días 7 y 8 de diciembre del año 2006, en la edición digital -dominio lemonde.fr.- e impresa, respectivamente, del diario Le Monde, titularidad de la entidad Societé Editrice du Monde de una noticia titulada “EI Real Madrid y el Barça vinculados al doctor Fuentes”, firmada por el redactor D. Carlos José, en la que se vinculaba al club demandante con Don Eulogio, a quien se entrevista y quien se encontraba por aquel tiempo imputado en un proceso penal (Diligencias Previas 4293/2006, del Juzgado de Instrucción n.º 31, de Madrid, como presunto autor de prácticas de dopaje), en el marco de la operación policial conocida como “Operación Puerto”. El demandante afirma que en la citada publicación se imputan al FCB, entre otras, la existencia de un supuesto encargo al doctor Eulogio de realizar los planes de preparación del club para la temporada 2005-2006, donde constarían el uso de sustancias dopantes no autorizadas por las autoridades deportivas y supuestamente transmitidas oficiosamente a los servicios médicos del club, así como visitas médicas particularizadas de jugadores del FCB al doctor Eulogio.

2. El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, dado que no quedó acreditada la veracidad de la información publicada condenando a la sociedad demandada a que rectificase la edición impresa y la digital y a ambos demandados solidariamente, a indemnizar al FCB en la suma de 300 000 euros y a publicar íntegramente la sentencia, a su cargo, en la edición digital e impresa de Le Monde y, además, en dos de los diarios de Cataluña (uno deportivo y otro de información general) con ámbito estatal de mayor difusión.

3. La sentencia de la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso interpuesto y revocó la condena de rectificación de la información difundida en las ediciones digital e impresa, así como la condena a la publicación íntegra de la sentencia, confirmando la condena a indemnizar si bien reduciendo la cuantía a 15 000 euros y la condena a la publicación del encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia en los diarios indicados en la sentencia de primera instancia.

Se fundó, en síntesis, en que (a) la información publicada era incuestionable que presentaba interés público, pues abordaba un tema de especial relevancia como es la utilización de sustancias dopantes en la práctica del deporte de alto nivel, así como la actuación que tendrían los clubes y equipos en su fomento y consumo; (b) en ella se imputaba al FCB haber contratado al doctor Eulogio, imputado entonces en la denominada “Operación Puerto”, para que diseñara y planificara la temporada 2005-2006, en la que se obtuvieron importantes títulos, para que sus jugadores pudieran mantener el ritmo que exigían los compromisos profesionales adquiridos y conseguir los objetivos marcados; (c) la información publicada no gozaba de veracidad al descansar en unas fuentes y comprobaciones que, a la vista de la prueba practicada, habrían resultado insuficientes para entender cumplido el deber de diligencia que se exige al informador; (d) no resultaba precisa la rectificación ordenada en la sentencia de instancia pues se evidencia con la documentación aportada que el FCB tuvo acceso más que suficiente a la prensa para manifestar su opinión y dar su versión; (e) la publicación del texto íntegro de la sentencia con las consecuencias económicas que comporta y la finalidad que se persigue resulta una medida desproporcionada siendo suficiente con la publicación del encabezamiento y fallo de la misma; (f) debía reducirse la indemnización, atendidas las circunstancias del caso, a la cantidad de 15 000 euros.

4. Contra esta sentencia interpone recurso de casación la Societé Editrice du Monde y D. Carlos José el cual ha sido admitido al amparo del artículo 477.2.1.º LEC, por referirse el procedimiento a derechos fundamentales.

SEGUNDO.- Enunciación del motivo de casación.

El motivo se introduce con la siguiente fórmula:

“Infracción del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en relación con el artículo 7.7 del mismo cuerpo normativo y en conexión con la vulneración del artículo 20.1.d) de la Constitución Española.”

Se funda, en síntesis, en que la sentencia impugnada no realiza una ponderación correcta de los derechos enfrentados, al estimar que se conculcó el derecho al honor de la parte demandante como consecuencia de la noticia publicada en las ediciones impresa y digital del diario francés Le Monde los días 7 y 8 de diciembre de 2006, pese a que la información publicada estaba extensamente documentada, contaba con un indiscutible interés general o relevancia pública y afectaba también a personas y entidades que gozan de la condición de personas públicas, la labor de investigación periodística desplegada fue minuciosa, concienzuda y se ajustó plenamente a los parámetros objetivos establecidos en la jurisprudencia. Por lo anterior, entiende que la información publicada ha cumplido con los requisitos exigibles por la jurisprudencia constitucional en la ponderación de los derechos en conflicto, debiendo considerarse prevalente el derecho a la información reconocido en el artículo 20.1 d) de la CE sobre el derecho al honor reconocido en el artículo 18 de dicho texto legal.

El motivo debe ser desestimado.

TERCERO.- Libertad de información y derecho al honor.

A) El artículo 20.1.a) y d) CE, en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala (SSTS 15 de diciembre de 1997, RC n.º 1/1994; 27 de enero de 1998, RC n.º 471/1997; 22 de enero de 1999, RC n.º 1353/1994; 15 de febrero de 2000, RC n.º 1514/1995; 26 de junio de 2000, RC n.º 2072/1095; 13 de junio de 2003, RC n.º 3361/1997; 8 de julio de 2004, RC n.º 5273/1999 y 19 de julio de 2004, RC n.º 3265/2000; 19 de mayo de 2005, RC n.º 1962/2001; 18 de julio de 2007, RC n.º 5623/2000; 11 de febrero de 2009, RC n.º 574/2003; 3 de marzo de 2010, RC n.º 2766/2001 y 29 de noviembre de 2010, RC n.º 945/2008 ) admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor.

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor por la libertad de información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre uno y otro derecho, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005; 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002; 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005; 19 de febrero de 2009, RC n.º 2625/2003; 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006; 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005; 22 de noviembre de 2010, RC n.º 1009/2008; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2186/2008 ). Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

B) Centrándonos en el derecho a la libertad de información, que es el invocado en este proceso, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006 ).

La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción ( SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, 29/2009, de 26 de enero, FJ 4).

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde esta perspectiva:

(i) Por una parte, la ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 68/2008; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, RC n.º 2313/1997, 19 de julio de 2004, RC n.º 5106/2000, 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 ), pues entonces el peso de la libertad de información es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH, en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la “proyección pública” se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias. Cuando la difusión de datos de carácter privado afecta no solo al personaje a quien corresponde el ejercicio de funciones oficiales, sino también a terceras personas, debe valorarse en qué medida la difusión de los datos relativos a estas está justificada por razón de su carácter accesorio en relación con el personaje político al que se refiere, la necesidad de su difusión para ofrecer la información de que se trate y la aceptación por el tercero de su relación con la persona afectada como personaje político. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas redunden en descrédito del afectado.

(ii) La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones.

Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada ( SSTC 139/2007, 29/2009, de 26 de enero, FJ 5).

Para poder apreciar si la diligencia empleada por el informador es suficiente a efectos de entender cumplido el requisito constitucional de la veracidad deben tenerse en cuenta diversos criterios: en primer lugar hemos señalado que el nivel de diligencia exigible adquirirá su máxima intensidad, cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere (240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7; 178/1993, de 31 de mayo, FJ 5; 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3; 192/1999, de 25 de octubre, FJ 4). De igual modo ha de ser un criterio que debe ponderarse el del respeto a la presunción de inocencia ( SSTC 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5, 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3, 21/2000, FJ 6). Junto a estos criterios deberá valorarse también el de la trascendencia de la información que puede exigir un mayor cuidado en su contraste ( SSTC 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5; 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7). La condición pública o privada de la persona cuyo honor queda afectado será también una cuestión que deberá tenerse en consideración, pues los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación ni proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidas a personajes públicos ( SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 5; 173/1995, de 21 de noviembre, FJ 3; 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3). También debe valorarse a efectos de comprobar si el informador ha actuado con la diligencia que le es constitucionalmente exigible cuál sea el objeto de la información, pues no es lo mismo la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia o la transmisión neutra de manifestaciones de otro ( STC 28/1996 ). Existen, por lo demás, otros muchos criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como son entre otros, aquellos a los que alude la STC 240/1992 y reitera la STC 28/1996: el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc. En definitiva, lo que a través de este requisito se está exigiendo al profesional de la información es “una actuación razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos que expone para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz” ( STC 240/1992, FJ 7; en el mismo sentido SSTC 28/1996, FJ 3; 192/1999, FJ 4).

El requisito constitucional de la veracidad de la información no va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que trasmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente; esto se entiende sin perjuicio de que su total exactitud puede ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado ( SSTC 6/1988, de 21 de enero, 105/1990, de 6 de junio, 171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de noviembre, 40/1992, de 30 de marzo, 232/1992, de 14 de diciembre, 240/1992, de 21 de diciembre, 15/1993, de 18 de enero, 178/1993, de 31 de mayo, 320/1994, de 28 de noviembre, 76/1995, de 22 de mayo, 6/1996, de 16 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 3/1997, de 13 de enero, 144/1998, de 30 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de 25 de octubre, 53/2006, de 27 de febrero, FJ 6).

(iii) La transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, porque, como viene reiterando el TC, la CE no reconoce un hipotético derecho al insulto ( SSTC 112/2000, de 5 de mayo; 99/2002, de 6 de mayo; 181/2006, de 19 de junio; 9/2007, de 15 de enero; 139/2007, de 4 de junio y 56/2008, de 14 de abril; SSTS 18 de febrero de 2009, RC n.º 1803/2004, 17 de junio de 2009, RC n.º 2185/2006 ). El requisito de la proporcionalidad no obliga a prescindir de la concisión propia de los titulares o de las demás particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, salvo cuando, más allá de las necesidades de concisión del titular, en este se contengan expresiones que, sin conexión directa con el resto de la narración, sean susceptibles de crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las personas ( STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 5).

CUARTO.- Prevalencia del derecho al honor sobre la libertad de información en el caso enjuiciado.

La aplicación de la anterior doctrina al caso examinado conduce a la conclusión, conforme con el dictamen del Ministerio Fiscal, de que debe prevalecer el derecho al honor sobre la libertad de información y, en consecuencia, debe apreciarse la existencia de una vulneración del derecho al honor del club demandante.

A) En el terreno abstracto, debe considerarse, pues, como punto de partida la posición prevalente que, como se ha expresado, ostenta el derecho a la libre información, especialmente si es ejercido por profesionales en medios de comunicación, y examinar si, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, en el terreno del peso relativo de los derechos que entran en colisión, esta prevalencia puede hacerse valer frente al derecho al honor del demandante.

B) El examen del peso relativo de ambos derechos en colisión depara las siguientes conclusiones:

(i) Las partes reconocen que la información objeto de controversia tiene relevancia pública e interés general y este extremo, admitido por la sentencia recurrida, no resulta discutido.

La prevalencia del derecho de información es en el caso considerado de una gran relevancia, tanto por los sujetos implicados como por la materia sobre la que se informa, se relacionaba al FCB con una trama de dopaje al atribuirle haber planificado con el doctor Eulogio, imputado en una operación policial (“Operación Puerto”) llevada a cabo por un presunto delito contra la salud pública; la temporada futbolística 2005-2006 en la que casualmente habían ganado importantes títulos, poniendo en entredicho esto último. No hay duda de que la materia que centra el reportaje es de evidente interés público pues el empleo de fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo con fines competitivos además de atentar contra la salud de los deportistas, es contrario a los fines propios de toda actividad física regida por el entrenamiento y sujeción a normas y sitúa a los participantes en situación de desigualdad dando lugar al fraude de los fines competitivos.

Desde este punto de vista, por consiguiente, el peso de la libertad de información frente al derecho al honor es el caso examinado de una importancia muy elevada.

(ii) La parte recurrente considera que la información transmitida goza de veracidad y que se habría dado cumplimiento al deber de diligencia en la búsqueda de la verdad de la noticia y en la comprobación de la información que se exige al reportero.

Sin embargo, esta Sala considera adecuado el juicio de ponderación realizado por la Audiencia Provincial en este extremo. La sentencia recurrida, coincidiendo con la sentencia de primera instancia, estimó a la vista de la prueba practicada que las fuentes y comprobaciones realizadas por el periodista resultaban insuficientes para poder considerar cumplido el deber de diligencia que se exige al informador en la obtención y comprobación de la información.

En efecto, en el presente caso de la prueba practicada se extrae que con base en unos datos inconsistentes y no contrastados se publicó una noticia presentando como ciertos y comprobados unos hechos que podían suponer un grave descrédito para el FCB dejando entrever una vinculación con la trama de dopaje en el ámbito deportivo descubierta con la “Operación Puerto”, cuando no se disponía de pruebas para ello. Así determinados extremos fácticos de la información publicada quedaron exentos de prueba al no acompañarse la documentación que el periodista decía haber examinado y otros fueron negados expresamente por la fuente que los había proporcionado.

De esta forma, esta Sala comparte la apreciación de la sentencia impugnada puesto que, siguiendo la doctrina constitucional antes expuesta sobre el requisito de veracidad, este no puede entenderse cumplido en el caso que nos ocupa, al no haber realizado el informador con carácter previo a la difusión de la noticia la labor de averiguación e indagación con la diligencia exigible según la doctrina constitucional y, en consecuencia, al no poder quedar amparada su actuación por el derecho a la información, vulneró el derecho al honor del ahora recurrido al relacionarle con una trama de dopaje.

La falta de veracidad de la información determina que decaiga el carácter prevalente de la libertad de información, dado el grado elevado de afectación que comporta esta circunstancia para el derecho al honor de la entidad demandante.

(iii) Desde el ángulo del posible carácter injurioso, insultante o desproporcionado de las expresiones utilizadas no puede ser revertido el juicio de ponderación que realizamos

Debe tenerse particularmente en cuenta que la noticia divulgada supuso, por su propio contenido, un indudable descrédito en la consideración del club demandante, porque el tratamiento de la concreta información relativa a la implicación de este en una actividad de dopaje que además estaba siendo objeto de investigación judicial, era susceptible de lesionar su derecho al honor, por la indudable gravedad de los hechos y su trascendencia social, de suerte que no existe la debida proporcionalidad entre el ejercicio del derecho a la información atendido su contenido y finalidad, y el respeto al honor de la persona a la que se refiere la noticia publicada, habiéndose producido un sacrificio desproporcionado en detrimento del segundo. Ahora bien del texto de la sentencia recurrida se pone de manifiesto que, si bien la noticia publicada afectaba negativamente al club demandante, siendo dañosa para su honorabilidad e imagen pública, la razón por la que se condena a los demandados no radica en este punto, sino en la falta de veracidad de las informaciones a las que se ha hecho referencia. Desde este punto de vista, en suma, la afectación del derecho al honor es muy elevada frente a la protección del derecho a la libertad de información.

En conclusión, la consideración de las circunstancias concurrentes conduce a estimar que la libertad de información no puede en este caso prevalecer sobre el derecho al honor del demandante, pues el grado de afectación de la primera, aun siendo notable en atención a otras circunstancias, pierde gran parte de su peso por la ausencia de veracidad, y no puede prevalecer frente a la afectación del segundo, que es de gran intensidad.

No se advierte, pues, que la sentencia recurrida, cuya valoración es totalmente acorde con todo lo aquí razonado, incurra en la infracción que se le reprocha.

QUINTO.- Desestimación del recurso.

La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la sentencia impugnada de acuerdo con el artículo 487 LEC y de imponer las costas a la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 394.1 LEC, en relación con el 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1. Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Société Editrice du Monde y D. Carlos José contra la sentencia de 27 de octubre de 2009 dictada por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación n.º 376/2008, cuyo fallo dice:

“ Fallamos.

“Estimar en part el recurs d'apel·lació interposat pel Don. Carlos José i la Société Editrice du Monde, S.A. contra la sentència dictada pel Jutjat de 1.ª Instància núm. 35 de Barcelona en data 10 de gener del 2008 en el procediment del qual deriven aquestes actuacions, revocar en part aquesta resolució en el sentit de:

“a).- deixar sense efecte la condemna de "Société Editrice du Monde" a rectificar em la edició impresa i publicar la rectificació en l'edició digital, pronunciaments que es contenen en els apartats 1 i 2 de la seva part dispositiva,

“b).- fixar la indemnització en la quantitat de 15.000€.

“c).- publicar, en les diaris que s'indiquen en la sentència de primera instància, l'encapçalament i la part dispositiva de la sentència dictada.

“La resta de la sentència es manté en la seva integritat sense fer imposició de les costes que deriven de l'apel·lació.”

2. No ha lugar a casar por el motivo formulado la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este alcance.

3. Se imponen las costas del presente recurso a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Juan Antonio Xiol Ríos Francisco Marín Castán

José Antonio Seijas Quintana Francisco Javier Arroyo Fiestas

Xavier O' Callaghan Muñoz

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Ríos, ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como secretario de la misma, certifico.

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

• Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
• No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
• Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.