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Abogados de oficio

El CGAE muestra su apoyo a los abogados de oficio ante los impagos de comunidades autónomas

19/01/2012
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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha manifiestado su apoyo expreso a las protestas y reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio ante los reiterados retrasos o impagos cometidos por varias comunidades autónomas de los servicios realizados.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El CGAE ha asegurado que esta falta de pago supone un intento de recortar, "en plena crisis", los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y de rebajar las ya de por sí indignas retribuciones de los letrados que prestan ese servicio de manera ejemplar.

A través de una nota de prensa el Consejo destaca que este servicio público es "la última esperanza de justicia para cientos de miles de ciudadanos, auténticos víctimas de la crisis". "Si reducimos su derecho o lo hacemos inviable serán injusta y doblemente perdedores de la crisis en un Estado que se llama "social y de derecho", indica el comunicado.

El CGAE precisa, además, que el impago afecta, además, de manera sustancial a la calidad de la justicia y de la democracia. Destaca que su coste representa un porcentaje muy pequeño del total de los presupuestos destinados a Justicia (Ministerio, Comunidades autónomas y Consejo General del Poder Judicial) mientras que atiende anualmente a más de 1.800.000 personas.

Los abogados de oficio tienen una media de edad de 41 años y 13,5 de experiencia profesional y por exigencia de los Colegios de Abogados tienen una formación especial --recuerda el Consejo-- que recuerda que estos letrados siguen manteniendo vivo "un componente ético y deontológico". "Sería difícil encontrar un colectivo profesional que trabaje en esas condiciones y por esas remuneraciones, a cualquier hora del día o de la noche, para prestar un servicio valorado muy positivamente por los usuarios", dice la nota.

El Consejo General de la Abogacía reitera a los poderes públicos su ofrecimiento de plena colaboración para participar en cuantos procesos de reforma permitan adecuar el funcionamiento de la Justicia Gratuita a la actual realidad social, defender los principios y derechos constitucionales, eliminar posibles ineficiencias o abusos y, en suma, mejorar este servicio, "esencial para la Justicia y para los ciudadanos", agrega.

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