MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
En la vista también se estudiará la declaración de culpabilidad de los responsables de Posibilitum Business, sociedad que adquirió el grupo Marsans el 9 de junio de 2010, el mismo día que se declaró en concurso de acreedores, y gestionada por el empresario experto en empresas en dificultades Ángel del Cabo. La juez les apartó de la gestión por presuntas irregularidades.
La declaración de culpabilidad por parte de la juez provocaría la inhabilitación de todos ellos para ejercer como administradores de empresas entre dos y 15 años, y les obligaría a hacer frente con su propio patrimonio al déficit de 417 millones de euros de la compañía.
La administración concursal de la empresa turística -formada por el abogado Edorta Etxarandio, el economista Rafael Martín y el auditor Pedro Tortosa- pide que se declare la culpabilidad de todos ellos por la tardanza en presentar el concurso de acreedores y el consiguiente agravamiento del déficit del grupo.
Por otro lado, también reclaman la declaración de culpabilidad de los fundadores y últimos gestores del grupo Marsans el Ministerio Fiscal (en representación de cerca de 70 acreedores) y las empresas acreedoras Hoteles Ruta de Castilla, Avis, Vijuva y Servicios Turísticos Alaveses.
La titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, que tramita los concursos de las cinco empresas del Grupo Marsans -Viajes Marsans, Viajes Crisol, Tiempo Libre y Mundicolor, y Rural Tours Viajes- decretó en noviembre de 2010 el embargo preventivo de bienes por valor de 417,3 millones de euros a Díaz Ferrán, Pascual y Posibilitum Business.
La juez consideró entonces que existían "indicios" para declarar la culpabilidad de todos ellos, lo que les obligaría a pagar con sus bienes las cantidades que faltan a los acreedores.
En abril de 2011, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid aprobó el plan de liquidación de Viajes Marsans presentado por la administración concursal, que solo contempla el pago de las deudas contraídas con los trabajadores, la Seguridad Social y los gastos del proceso concursal.
