ESCUCHAS Y DERECHO A UN PROCESO LIMPIO
El comienzo del juicio por las escuchas a los abogados del denominado caso Gürtel devuelve a la actualidad uno de los episodios más graves de la historia judicial española reciente. En febrero y marzo de 2009, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la intervención y grabación de las entrevistas de diversos acusados con sus abogados defensores en los locutorios de la prisión, donde se hallaban a la espera de juicio. Las transcripciones de las grabaciones fueron leídas por el juez y las fiscales y hasta se unieron al procedimiento, como elementos de cargo contra los interesados.
Es evidente que esto suponía una vulneración de las garantías de cualquier detenido o acusado, inconcebible en un Estado democrático. Quien se halla a la espera de juicio, en prisión o en libertad, ha de poder comunicar con su abogado con plena confidencialidad y decidir, en absoluta libertad, su estrategia de defensa. Lógicamente, si está en prisión las comunicaciones con su abogado no pueden tener otro marco que los locutorios de ésta y requieren protección y reserva absoluta. No cabe interferencia alguna, salvo autorización judicial en los casos de terrorismo.
Escuchar, grabar y hacer uso de lo que un acusado ha confiado a solas a su defensor supone una perversión inaceptable del sistema. Tolerarlo o permitir su generalización sería como empezar a decir adiós a nuestro sistema de libertades. No puede haber un juicio justo sin un derecho de defensa vigoroso, y es a los jueces a quienes corresponde asegurar al detenido o acusado el pleno ejercicio de ese derecho en vez de ser, precisamente ellos, quienes lo adulteren o le priven de él.
Con ser grave lo sucedido, no lo fue menos la tibieza de la respuesta de los órganos representativos de la Abogacía. En un principio, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid pareció reaccionar con energía y en octubre de 2009 emitió un comunicado en el que autorizaba la presentación de una querella contra el juez autor de las grabaciones. Pero fue sólo un espejismo. El asunto adquirió pronto un tinte de intensa crispación social; nuestro decano fue objeto de duras entrevistas y se insinuó públicamente que algunos miembros de la Junta temían por sus asuntos en el Juzgado del juez Garzón. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las grabaciones y el Colegio dio por zanjado el asunto. Una reacción de muy baja intensidad, teniendo en cuenta la enormidad de los hechos. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, emitió una declaración de condena pero tampoco pasó de ahí. Un magistrado del Tribunal Superior, Antonio Pedreira, que había prorrogado las escuchas del juez Garzón, defendía su legalidad alegando sorprendentemente que los abogados no tenemos por qué tener privilegios. Curiosa forma de verlo. Como si la defensa fuera un privilegio de los abogados, en vez de un derecho constitucional de los ciudadanos, que son a quienes los abogados hemos de defender.
Así, los abogados de los acusados asumieron en solitario la iniciativa de instar la depuración penal de lo sucedido y presentaron ante el Tribunal Supremo las querellas que han conducido ahora a la celebración de este juicio contra el juez Garzón. A lo largo de los meses siguientes, diversos sectores y medios desencadenaron una dura campaña contra el Tribunal. Sus miembros fueron denostados y tachados de jueces franquistas. Los partidarios del juez imputado enfatizaban la importancia de los delitos de corrupción por los que se acusaba a las personas espiadas -como si ello justificara haberlos despojado de su derecho a defenderse-, su proximidad al Partido Popular o las destacadas actuaciones del juez Garzón a lo largo de su carrera. Pero lo que estaba en juego era mucho más que la singularidad de un magistrado o una cuestión de oportunidad política. El convencimiento de que cualquiera de nosotros podrá tener siempre un juicio limpio y de que los jueces cuidarán de que así sea es, por sí mismo, un activo social de primera magnitud.
Que para condenar a un acusado se puedan espiar y grabar las conversaciones con su abogado es jurídicamente monstruoso y un camino seguro para transformar la justicia de un país democrático en una especie de Gran Hermano. Nuestro decano expresó su decepción por el escaso respaldo social encontrado, y tenía razón. Pero era a la Abogacía a quien correspondía haber liderado la respuesta y movilizado sin complejos a la sociedad. Los abogados de las escuchas del caso Gürtel han ido hasta el final con tenacidad y con la fuerza del Derecho. Creo que nuestro sistema, cualquiera que sea el resultado de ese juicio, será un poco mejor gracias a ellos.
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