MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha mostrado su preocupación las filtraciones en prensa de sumarios secretos, como ha ocurrido con la investigación al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y ha señalado la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LeCrim) para compatibilizar el derecho de defensa con el de libre información.
Así lo ha manifestado Bravo este jueves, en términos de opinión particular, durante un encuentro mantenido con periodistas españoles y corresponsales extranjeros organizado por el Club Internacional de Prensa.
A juicio de la portavoz del Poder Judicial, en el caso de procedimientos bajo secreto de sumario el problema es que la persona investigada no puede acceder a la investigación judicial, que sólo conoce por lo que dicen cada día los medios de comunicación, y su imagen resulta además "estigmatizada" en el marco social. "Ello coloca a los afectados en una grandísima indefensión", ha reconocido.
A preguntas de los periodistas, Bravo ha recordado que la filtración de datos secretos de un sumario supone un delito que puede ser denunciado, si ha reconocido que a una instrucción tienen acceso multitud de personas, como el juez, el fiscal, los funcionarios judiciales, la policía etc., lo que hace difícil encontrar al filtrador.
Por esta razón, entiende que es más fácil crear un marco legal para definir el equilibrio entre el derecho a la libre información y el de lo investigados a su presunción de inocencia. "Y no estoy hablando de leyes mordaza", ha apuntado Bravo
GARZÓN
Por otra parte, la portavoz del CGPJ también se ha referido durante su comparecencia a la actuación que corresponde al órgano de gobierno de los jueces respecto del juez Baltasar Garzón, quien la próxima semana se sentará en el banquillo por el primero de los tres procedimientos abiertos contra él en el Tribunal Supremo, por intervenir conversaciones de los imputados en la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.
Bravo ha señalado que el CGPJ aplicó la ley al suspender cautelarmente en sus funciones al juez, de quien ha reconocido la significación internacional y su derecho a la presunción de inocencia. No obstante, ha apuntado que "será juzgado con todas las garantías, al igual que el resto de ciudadanos", así como el hecho de que todas las resoluciones adoptadas por el Supremo en sus investigaciones hayas sido "fundamentadas jurídicamente"
Además, ha recordado que Garzón no es el primer magistrado que se sienta en el banquillo por sus actuaciones judiciales, ya que antes lo hicieron otros jueces como Javier Gómez de Liaño o Francisco Javier de Urquía.
Asimismo, ha declinado valorar si las recusaciones presentadas por el juez suspendido contra magistrados del Supremo han llegado a ser excesivas. "El Consejo del Poder Judicial no valora las estrategias de defensa", ha señalado Bravo a este respecto.
