ÁVILA, 16 (EUROPA PRESS)
Según el auto del magistrado Miguel Ángel Pérez Moreno, los acusados deben presentar una fianza solidaria de 6.000 euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse. La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Ávila desestimase en septiembre los recursos de apelación interpuestos por los acusados.
El caso deriva del proyecto para levantar en un pinar de Las Navas, por una sociedad creada por el Ayuntamiento y en la que participaba la Junta y la Diputación, una urbanización con 1.600 viviendas, dos campos de golf y un hotel que pretendía construirse en 215 hectáreas pertenecientes a la Red Natura y que afectaba también a un Área Crítica para la cigüeña negra, que fue modificada.
El fiscal solicita 12 años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público para el alcalde y el secretario, y en el caso del promotor inmobiliario 12 años de inhabilitación para ejercer su profesión, además de la nulidad de todos los acuerdos adoptados para desarrollar el proyecto urbanístico.
El auto señala que no habrá posibilidad de exigir responsabilidad civil, como había pedido la Federación Regional de Ecologistas en Acción de Castilla y León, "al tratarse de una acusación popular y no de acusación particular, y por lo tanto no tener la condición de perjudicado por el presunto delito a los efectos de poder solicitar indemnización".
El procedimiento se lleva a cabo a instancias del fiscal y de las acusaciones personadas, que son WWF-Adena, Centaurea y SEO.
De las cuatro piezas del caso, sigue adelante ésta y otra, en la que se encuentran implicados varios responsables de la Junta de Castilla y León.
La Audiencia Provincial de Valladolid, en un auto del 11 de mayo, reabrió la investigación penal sobre la participación de cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en la aprobación del proyecto, revocando el archivo de 21 de febrero del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, por lo que éste deberá continuar con las diligencias abiertas por presunto delito de prevaricación administrativa.
Los implicados son el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz; su antecesor y jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón; el coordinador de servicios de la Dirección General de Medio Natural, José Ignacio Molina; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, Sabas Yagüe.
El caso se inició en 2006 a raíz una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el proyecto urbanístico, al considerar que los terrenos en los que pretendía construirse no eran urbanizables.
Entonces se talaron cientos de pinos y las obras fueron paralizadas, cerrando el proyecto el Tribunal Supremo en 2010.
