MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Por el momento, y pese a las informaciones vertidas en diferentes medios de comunicación sobre la posible responsabilidad de Urdangarín en actividades presuntamente irregularidades de la citada entidad, la Fiscalía no tiene previsto solicitar su toma de declaración ni como testigo ni como imputado, según las mismas fuentes.
Tampoco existe fecha para la entrega del informe que debe realizar Anticorrupción sobre cúal debe ser el juzgado competente para proseguir con las investigaciones. No obstante, este departamento se inclina por mantener la causa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es el juez José Castro y rechazar la petición del ex presidente balear Jaume Matas para que el asunto se traslade a la Audiencia Nacional.
Así lo han indicado fuentes del Ministerio Público, que ha sido requerido sobre este asunto, desgajado del caso 'Palma Arena', por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
El abogado de Matas, Antonio Alberca, pidió que la Audiencia Nacional asumiera la causa, que recayó por el sistema de reparto en el juzgado de Ismael Moreno, al entender que afecta a tres comunidades autónomas diferentes: la Valenciana, Baleares y Cataluña. Sin embargo, investigación podría extenderse a más comunidades que operaron con la entidad sin ánimo de lucro vinculada al Duque de Palma.
15 ARCHIVADORES DE DOCUMENTACIÓN
Según las citadas fuentes, la documentación que los investigadores se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata, en concreto, de unos 15 archivadores.
Los documentos, que fueron incautados en la denominada 'operación Babel', fueron trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares. Tras su análisis, la Fiscalía decidirá si llama a declarar al marido de la infanta Cristina como imputado o como testigo, en cuyo caso podría hacerlo por escrito.
La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, habrían fijado precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".
En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
En un auto, el magistrado sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso Palma Arena'.
La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".
De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".
