MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, a día de hoy la familia Ruiz-Mateos no ha depositado el dinero ni prevé hacerlo dada la elevada cantidad requerida, lo que obligará al juez a dictar el embargo de bienes a los imputados para cubrir su responsabilidad civil ante las pérdidas sufridas por los inversores en pagarés del grupo.
Este embargo se sumaría al decretado en septiembre por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada al patriarca de la familia y a dos de sus hijos por importe de 618,26 millones de euros para cubrir el agujero patrimonial que soporta el fabricante de postres Dhul.
Por el momento, las mismas fuentes apuntan a que en caso de que se declaren insolventes, las acusaciones particulares pedirán el rastreo y repatriación de los fondos que tienen depositados en paraísos fiscales, cuestión que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Las investigaciones apuntan a que tanto las propiedades inmobiliarias de los Ruiz-Mateos como las sociedades del grupo están a nombre de terceras personas o de sociedades instrumentales.
Las cerca de 25 acusaciones particulares estudiarán también pedir prisión provisional para los hijos de Ruiz-Mateos y de su sobrino Zoilo Pazos, también imputado, por un posible riesgo de fuga o para impedir que hagan uso del dinero.
El pasado 18 de octubre, el juez ya rechazó la solicitud de celebrar una vista para decidir el ingreso en la cárcel del fundador de Nueva Rumasa, durante su declaración como imputado ante Ruz.
Después de tomar declaración a todos los miembros de la familia Ruiz-Mateos imputados, el juez citó a declarar como testigo al actual propietario de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, el próximo 21 de noviembre para que explique el proceso de compra de Nueva Rumasa, acordado el pasado 9 de septiembre.
El pasado mes de junio, Ruz admitió a trámite la querella presentada por el despacho malagueño Martínez-Echevarría contra Nueva Rumasa. El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011, cifra que podría alcanzar los 5.000.
