PALMA DE MALLORCA, 1 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Alaró, Joan Simonet, actual alto cargo de la Conselleria de Agricultura -es el director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba)- y quien también estuvo al frente de la empresa pública Servicios de Mejora Agraria (Semilla) en el anterior Govern de Jaume Matas, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación al favorecer, junto a otros responsables municipales, a un constructor que, tras solicitar licencia de obras para demoler y erigir una edificación, acabó invadiendo suelo público sin que fuera sancionado por ello.
Es más, en contra de lo establecido en el ordenamiento jurídico, desde el Consistorio de Alaró se cambió el uso del terreno ocupado para dárselo al constructor sin ni tan siquiera modificar, como exige la ley, el planeamiento urbanístico de la localidad mallorquina, tal y como consta en la querella recientemente interpuesta por un empresario y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Inca.
En concreto, la querella se dirige contra Simonet -concejal de Obras cuando sucedieron los hechos-, el entonces alcalde Miguel Deyà (PSIB), el aparejador municipal Joan Josep Torrens y el constructor y contratista Mateo Pizà, quien presuntamente resultó beneficiado "de un incumplimiento flagrante y persistente amparado por el comportamiento de los responsables y técnicos municipales", según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
El querellante, asistido por el letrado Fernando Mateas, denuncia que, iniciadas las obras en 2002, el aparejador municipal detectó que las alineaciones de los muros se excedían e invadían la calle, lo que provocó la paralización de la obra, si bien "sorprendentemente" y tan sólo tres días después volvió a emitir, por orden de Simonet, un nuevo informe en el que indicaba que el error había sido enmendado, según relata el escrito del letrado. De esta forma, la paralización decretada quedaba finalmente sin efecto.
Sin embargo, a juicio del empresario, "deviene palmario que nos encontramos ante una clara simulación, pues el expediente se resuelve en tres días, agilidad que repugna con el normal proceder de la Administración", lo que además "de nada sirvió" pues las alineaciones mantenidas continuaban incumpliendo lo establecido en la licencia concedida, invadiendo de esta forma el espacio público. La querella añade además cómo el segundo informe de tres días posteriores a la paralización carecía de membrete del Ayuntamiento de Alaró o de fecha de entrada, lo que aún ponía más en duda su veracidad.
Así las cosas, el querellante decidió en junio de 2005 denunciar los hechos al constatar que la obra había supuesto una invasión de vial público, lo que conllevó un nuevo informe del aparejador municipal Josep Torrens en el que, a pesar de su anterior informe, concluía que efectivamente se había producido una invasión total de 11,70 metros cuadrados de terreno de titularidad municipal. Y una vez conocido ese informe, el constructor Pizà solicitó la modificación del proyecto básico y de ejecución, lo que le fue concedido en el mismo pleno en el que "de forma grosera y arbitraria" se aprobó la desafectación -cambio de uso- del terreno "injustamente invadido y apropiado" por el constructor querellado.
DESAFECTACIÓN PARA "FAVORECER LOS INTERESES DEL CONSTRUCTOR"
La querella precisa, sin embargo, que cuando se trata de suelo cuyo uso tiene un destino urbanístico contemplado en el planeamiento "no es posible que a través de la desafectación se pueda cambiar el destino de ese suelo como ha pretendido el Ayuntamiento a fin de favorecer únicamente los intereses del constructor". Al respecto, la querella abunda en que "no puede un bien con destino urbanístico asignado tener una naturaleza distinta al que el planeamiento le reconoce y atribuye".
Una actuación que, a juicio del empresario querellante, "viene reforzada por la agilidad de la corporación a la hora de levantar la suspensión de las obras", "la pasividad después a la hora de controlar la ejecución" de los trabajos y la aparición del informe "supuestamente emitido por el aparejador, confeccionado a instancia y por orden del hoy alcalde, y que aflora en el expediente casi tres años después de su emisión" -cabe indicar que fue presentado por el constructor querellado una vez interpuesta la denuncia del año 2005-.
