HUMANES (EUROPA PRESS)
El juicio, que comenzará a las 9.30 horas, es resultado de la denuncia que interpuso el Partido Socialista para que se investigaran las presuntas irregularidades cometidas en adjudicaciones de obras. A raíz de ello, la Fiscalía de Fuenlabrada solicitó diez años de "inhabilitación especial para empleo o cargo público" para el exregidor como supuesto "autor material" de un presunto "delito continuado de prevaricación", petición que, según han confirmado fuentes del PSOE a Europa Press, "se mantiene".
En el documento de diligencias previas, se asegura que el regidor, con los informes desfavorables del Interventor y del secretario del Ayuntamiento, "procedió a fraccionar varios contratos de ejecución de obras" en la ciudad, adjudicándolas directamente a dos empresas con el objeto de reducir la cuantía de las adjudicaciones y para "eludir los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de las mismas, impidiendo la participación de otras empresas distintas".
Según el escrito del fiscal, mediante este procedimiento se adjudicaron diez obras a la misma zona por un importe inferior a los 30.050 euros, mientras que, en 1999, Álvarez Sojo habría fraccionado los contratos de ejecución de los trabajos de la avenida de Campohermoso y del barrio de La Estación para realizar 33 contratos menores. En otros casos, se habría prescindido también del procedimiento negociado o concurso para once obras en la misma zona, hecho que se habría repetido en 2001.
Fuentes municipales han informado de que la primera citación para juicio oral tuvo lugar el pasado 13 de junio, momento en que el exalcalde no compareció. Las mismas fuentes han confirmado que, en principio, sí está confirmada la asistencia de Álvarez Sojo mañana.
Cuando trascendió el escrito de fiscalía, el exalcalde negó la comisión de un presunto delito de prevaricación y afirmó que todas las operaciones de aquellos años "contaron con el visto bueno" del arquitecto municipal y que fueron aprobadas en comisión de Gobierno.
El regidor aseguró, además, que si hubo "segregación" de las obras se hizo para agilizar los trabajos y evitar que "el pueblo estuviese mucho tiempo empantanado". Por último, el exprimer edil atribuyó la petición de inhabilitación a "una denuncia política" de sus excompañeros en el PSOE, que le expulsaron del partido en 2002. "Es una denuncia política para acabar conmigo ", subrayó.
