AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 22 de diciembre de 2010
RECURSO Núm: 841/2009
Ponente Excmo. Sr. MARIA ASUNCION SALVO TAMBO
Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil diez.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 841/2009 se tramita a instancia de D. Alfredo, representado por la Procuradora D.ª Raquel Vilas Pérez, contra Resolución del Presidente de la Agencia Tributaria de fecha 2 de diciembre de 2009, sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado; y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, siendo la cuantía de 200.000 euros.
ANTECEDENTES DE HECHO
1. La parte actora interpuso, en fecha 14 de diciembre de 2009, este recurso respecto del acto antes aludido; admitido a trámite y reclamado el expediente se le dio traslado para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo; y en ella realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el suplico de la misma, en el que literalmente dijo:
"SUPLICO A LA SALA que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de demanda contencioso administrativa contra la Resolución del Presidente de la Agencia Tributaria de fecha de fecha 02/12/2009, con sus copias y los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y previos los trámites de Ley la estime, declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración de la agencia Tributaria, condenándola a pagar a mi representado la cantidad de 200.000,00 euros, con concepto de indemnización, cantidad que será debidamente actualizada con arreglo al índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) a sacar de sus listados a don Alfredo."
2. De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó:
"Que tenga por contestada la demanda deducida en el presente litigio y, previos los trámites legales, dicte Sentencia por la que se desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme a Derecho, con expresa imposición de las costas a la demandante."
3. Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, la Sala dictó auto con fecha 7 de julio de 2010, denegándose el mismo; siguió el trámite de Conclusiones, a través del cual las partes, por su orden, han concretado sus posiciones y reiterado sus respectivas pretensiones, tras lo cual quedaron los autos pendientes de señalamiento; mediante providencia de 9 de septiembre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 21 de diciembre de 2010, en que efectivamente se deliberó y votó.
4. En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA ASUNCION SALVO TAMBO, Presidente de la Sección.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la Resolución del Presidente de la Agencia Tributaria de fecha 2 de diciembre de 2009, por la que se desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios presentada por D. Alfredo, ahora recurrente, por lo que entiende daños económicos, morales y psicológicos, al parecer, sufrido por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zamora al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada.
La resolución impugnada entiende que en el presente caso no concurren los requisitos necesarios de acuerdo con los artículos 139 y siguientes de la LRJAP y PAC para que haya lugar a que se reconozca la existencia de responsabilidad de la Administración y, en consecuencia, proceda indemnizar al reclamante.
Son algunos de los antecedentes relevantes para la resolución del presente litigio que derivan del expediente:
1.º) En fecha 16 de abril de 2003 por la Administración de Fuencarral de Madrid se notifica, en el tercer intento, a D. Alfredo requerimiento para la presentación de la declaración anual del IRPF correspondiente al ejercicio 2000.
2.º) Con fecha 16 de abril de 2003 se le notificó al hoy actor nuevo requerimiento para la presentación de la declaración anual del IRPF y con fecha 8 de octubre de 2003 por la Administración de Fuencarral de la Delegación de Madrid se notificó al hoy actor el acuerdo de iniciación y comunicación del trámite de audiencia y propuesta de liquidación en relación al IRPF ejercicio 2000.
3.º) El 9 de diciembre de 2004 se le notificó el acuerdo de liquidación provisional, dando origen a una liquidación por importe de 1.338,93 euros a ingresar, resultado de la liquidación correspondiente al ejercicio 2000 en la que solo figuraban rendimientos de trabajo.
4.º) El 14 de febrero de 2005 por el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Zamora se dictó providencia de apremio para el cobro de la liquidación provisional practicada.
5.º) El 31 de octubre de 2005 el hoy actor solicitó aplazamiento de pago que fue autorizado el 8 de noviembre de 2005, fijándose 4 mensualidades por un importe de 235,46 euros cada una de ellas, a satisfacer los días 20 de enero, febrero, marzo y abril de 2006.
6.º) El 5 de diciembre de 2005 presentó escrito solicitando la devolución de las cantidades intervenidas en sus cuentas bancarias, fundándose únicamente en la inexistencia de ganancia patrimonial por la venta de un inmueble y entendiendo producida la prescripción, con fecha 24 de octubre de 2004, la Dependencia Regional de Inspección acordó anular la propuesta de liquidación contenida en el acta.
7.º) El 7 de marzo de 2006, la Dependencia de Recaudación confirma la liquidación y se interpuso por D. Alfredo reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla León, que con fecha 28 de junio de 2007 estimó la reclamación y anuló las diligencias de embargo impugnadas reconociendo el derecho a la devolución del ingreso indebidamente realizado con sus intereses legales correspondientes.
8.º) En ejecución del fallo del Tribunal Regional se adoptaron los siguientes acuerdos por la Dependencia de Recaudación de Zamora:
- Anular las diligencias de embargo impugnadas y todas las actuaciones posteriores a la notificación de la providencia de apremio y devolver a D. Alfredo las cantidades ingresadas indebidamente junto con los correspondientes intereses de demora desde la fecha del ingreso hasta la ordenación del pago.
- Notificar correctamente la providencia de apremio, clave de liquidación correspondiente.
9.º) Con fecha 9 de noviembre de 2007 la Dependencia de Recaudación de Zamora notificó a D. Alfredo providencia de apremio, liquidación del recargo de apremio y requerimiento de pago en ejecutiva dictado por el órgano y sobre la deuda impagada más arriba referida.
10.º) En esa misma fecha, 9 de noviembre de 2007, el hoy actor presentó reclamación económico-administrativa frente a la nueva liquidación resultante de la providencia de apremio y con fecha 26 de febrero de 2009 el Tribunal Regional de Castilla y León acordó estimar la reclamación y anuló la providencia de apremio impugnada por entender que tanto la liquidación que no fue correctamente notificada, por lo que no se ha iniciado el periodo de pago en voluntaria, ni puede procederse a su ejecución forzosa y, en consecuencia, mediante acuerdo de 15 de mayo de 2009 la Dependencia de Recaudación anuló el recargo de apremio y reconoció el derecho a la devolución por ingreso indebido de 1.606,72 euros, ingresados, así como los intereses correspondientes desde la fecha de ingreso hasta la ordenación de pago.
11.º) Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2009 la Oficina de Relaciones con los Tribunales de la Delegación de Zamora comunicó a la Dependencia de Gestión, en ejecución de la anterior resolución del Tribunal Regional de Castilla León de 6 de febrero de 2009, la anulación de la providencia de apremio y la puesta en voluntaria y sin notificar de la deuda reclamada para su conocimiento y efectos.
Las devoluciones están pendientes de resolver ya que además de la liquidación figura otra deuda del reclamante en fase de embargo.
12.º) El 16 de junio de 2009 se solicita por el hoy actor la referida indemnización que es desestimada mediante la resolución que constituye el objeto de la presente impugnación.
2. Se trata de decidir aquí sobre la procedencia de la solicitud de declaración de responsabilidad patrimonial formulada por el hoy actor como consecuencia de las referidas actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en diversos expedientes de gestión en relación con el pago del IRPF del año 2000.
La parte actora sostiene que los embargos que se materializaron en los términos más arriba señalados produjeron la insolvencia, situación que le impidió hacer frente a sus pagos ordinarios así como a los diferentes préstamos personales. Sostiene que consecuencia de ello fue inscrito como moroso en el ASNEF, habiéndose multiplicado sus deudas, etc., siendo la responsable de su situación la Agencia Tributaria quien debe satisfacer, a decir del demandante, los daños y perjuicios ocasionados con arreglo a la indemnización solicitada en el Suplico de su demanda.
En la demandas se cuantifica la responsabilidad en la cantidad de 200.000 euros, "con concepto de indemnización, cantidad que será debidamente actualizada con arreglo al Índice de Precios al Consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística", amén de solicitar que "obligue a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) a sacar de sus listados a D. Alfredo ", pretensión ésta última que, por vez primera, se formula en la demanda y, por ende, inadmisible dado el carácter revisor de esta jurisdicción contencioso-administrativa.
A lo que se opone el Abogado del Estado por entender que no concurren en este caso los presupuestos legales de la acción ejercitada.
3. Configurada por primera vez en 1954, dentro de la Ley de Expropiación Forzosa, en el art. 121 y contenida en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, en los arts. 40 y 41, la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado adquiere relevancia constitucional en los arts. 9 y 106.2 de la Constitución como garantía fundamental de la seguridad jurídica, con entronque en el valor de la justicia, y se desarrolla en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (Título X) y en el RD 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
En concreto el art. 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (idéntico, en su contenido esencial, al citado art. 40 LRJAE ) dispone: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.".
Por otra parte, el art. 142.5 establece que: "En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo".
El fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración se encontraba inicialmente en el ejercicio ilegal de sus potestades o en la actuación culposa de sus funcionarios, por lo que se configuraba con carácter subsidiario, pero actualmente, y sin perjuicio de admitir en algunos supuestos otro fundamento, se considera que si la actuación administrativa tiene por objeto beneficiar, con mayor o menor intensidad, a todos los ciudadanos, lo justo es que si con ello se causa algún perjuicio, éste se distribuya también entre todos, de forma que el dato objetivo de la causación de una lesión antijurídica por la actuación de la Administración constituye ahora el fundamento de la responsabilidad de la misma. La responsabilidad por tanto, surge con el perjuicio que se causa, independientemente de que éste se haya debido a una actuación lícita o ilícita de los poderes públicos y de quien haya sido concretamente su causante.
Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo:
1.- El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente. Al respecto hemos de precisar lo siguiente:
La lesión se define como daño ilegítimo, pues no todo perjuicio es constitutivo de una lesión en el sentido técnico-jurídico del término, porque si bien toda lesión es integrante de un daño y perjuicio no todo daño y perjuicio es constitutivo de una lesión, dentro del marco de los arts. 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley 30/1992. Esa antijuridicidad o ilicitud sólo se produce cuando el afectado no hubiera tenido la obligación de soportar el daño o el perjuicio y ese deber de soportar el daño o el perjuicio sufrido se da en los supuestos en que la ley y el grupo normativo de ella derivado justifican dichos detrimentos de un modo expreso o implícito. Así, del examen de las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 abril, 19 mayo y 19 diciembre de 1989, entre otras, se infiere que el criterio esencial para determinar la antijuridicidad del daño o perjuicio causado a un particular por la aplicación de un precepto legal o normativo debe ser el de si concurre o no el deber jurídico de soportar el daño, ya que las restricciones o limitaciones impuestas por una norma, precisamente por el carácter de generalidad de la misma, deben ser soportadas, en principio, por cada uno de los individuos que integran el grupo de afectados, en aras del interés público (en ese sentido SSTS de 4 de junio de 1990, 21 de enero de 1991, 25 de junio de 1992 y 7 de julio de 1997, entre otras). Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable. Son numerosas las Sentencias del Tribunal Supremo que han hecho hincapié en el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, tales como las de 19 de noviembre de 1994, 11 y 25 de febrero, 1 de abril, 23 de mayo, 24 de octubre y 8 de noviembre de 1995, 16 de abril de 1996 y 10 de junio de 2003, entre otras.
2.- El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas. Es decir, se exige la prueba de la causa concreta que determine el daño o, lo que es lo mismo, de la conexión entre la actuación administrativa y el daño real ocasionado, como ponen de manifiesto las SSTS de 24 de octubre y 5 de diciembre de 1985, 22 de julio de 1988, 6 de febrero de 1990 y 5 de junio de 1998.
3.- Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado. Es decir, el perjuicio ha de ser patrimonialmente evaluable y determinado o determinable con relación a cada persona, pudiéndose producir su cuantificación definitiva en ejecución de sentencia ( STS de 5 de junio de 2001 ).
Por último, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así, en Sentencias 14 mayo, 4 junio, 2 julio, 27 septiembre, 7 noviembre y 19 noviembre 1994, 11 de febrero 1995, 25 febrero 1995, 28 febrero, 1 abril y 11 de septiembre de 1995 ) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los arts. 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Esta fundamental característica impone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.
Según la STS 28 de enero de 1986, lo que se pretende es que "la colectividad representada por el Estado asuma la reparación de los daños individualizados que produzca el funcionamiento de los servicios públicos por constituir cargas imputables al coste del mismo en justa correspondencia a los beneficios generales que dichos servicios reportan a la comunidad", o de otra forma, como señala la STS 2 de junio de 1994, "configurada legal y jurisprudencialmente la responsabilidad patrimonial del Estado con la naturaleza de objetiva, de manera que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad".
Precisamente el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración hace que sólo se excluya en los supuestos de fuerza mayor y no en el de caso fortuito, lo que implica, como también se recordaba en la STS 1 de diciembre de 1989, que "el carácter fortuito del hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad patrimonial".
La naturaleza objetiva de aquella responsabilidad de las Administraciones Públicas, que constituye un principio cardinal en el régimen administrativo, tal como lo regula la Constitución, según manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1996, debe ser exigida con especial rigor cuando se proyecta sobre actividades que son susceptibles de poner en riesgo no sólo la propiedad, sino también otros bienes constitucionales de la mayor importancia, la vida y la integridad física de las personas.
Los anteriores principios han de llevar al examen de la relación de causalidad inherente a todo supuesto de exigencia de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:
a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél. A este respecto la doctrina administrativa se inclina por la llamada teoría de la causalidad adecuada, que se recoge en la STS de 28 de noviembre de 1998 del siguiente modo: "El concepto de relación causal a los efectos de poder apreciar la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, se resiste a ser definido apriorístico, con carácter general, puesto que cualquier acaecimiento lesivo se presenta normalmente no ya como el efecto de una sola causa, sino más bien como resultado de un complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí ó dependientes unos de otros, dotados sin duda, en su individualidad, en mayor o menor medida, de un cierto poder causal, reduciéndose el problema a fijar entonces que hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final, y la doctrina administrativa, tratando de definir que la relación causal a los efectos de apreciar la existencia, o no, de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, se inclina por la tesis de causalidad adecuada que consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos, o sí, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de tal forma que sólo en el primer caso, si el resultado se corresponde con la actuación que la originó, es adecuado a esta, se encuentra en relación causal con ella y sirve como fundamento del deber de indemnizar. Esta causa adecuada o causa eficiente y exige un presupuesto, una "conditio sine qua non", esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto el primero. Ahora bien, esta condición por sí sola no basta para definir la causalidad adecuada sino que es necesario, además, que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado, tomando en consideración todas las circunstancias del caso, esto es, que exista una adecuación objetiva entre acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo y sólo cuando sea así dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño, quedando así excluidos tanto los actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los absolutamente extraordinarios.". Y en idéntico sentido la STS de 26 de septiembre de 1998.
b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que válidas como son en otros terrenos irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) La consideración de hechos que pueden determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad del a víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, y la intervención de un tercero como agente activo, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.
d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar soto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquélla cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.
Sentado lo anterior, debe matizarse, como lo hacen las SSTS de 25 de enero y 26 de abril de 1997 que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fijarse la indemnización. El hecho de la intervención de un tercero o una concurrencia de concausas imputables unas a la Administración y otras a personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación (asumiendo cada una la parte que le corresponde) o de atemperar la indemnización a las características o circunstancias concretas del caso examinado.
La doctrina expuesta es así contemplada también en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio, 7 de julio, 20 de octubre y 16 de diciembre de 1997, 10 de febrero de 1998, 10 de junio de 2003 y 23 de septiembre de 2004.
4. Aplicando la anterior doctrina al caso actualmente controvertido y, a la luz de la doctrina sobre la carga de la prueba, el recurso deberá ser desestimado, máxime dada la generalidad con la que se plantea la pretensión ejercitada, sin aclarar, en ningún momento, y menos aún acreditar, cuáles han sido los daños concretos de las anulaciones llevadas a cabo por las diferentes dependencias de la Agencia Tributaria. No basta ciertamente con la fórmula genérica utilizada aludiendo a "unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia", máxime cuando consta indubitadamente que los efectos de las liquidaciones anuladas han sido sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios.
5. De lo anterior deriva la procedencia de desestimar el recurso con la paralela confirmación de la resolución impugnada por su conformidad a Derecho.
No se aprecian circunstancias que determinen un especial pronunciamiento sobre costas, según el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
FALLAMOS
En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha decidido:
DESESTIMAR
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Alfredo, contra Resolución del Presidente de la Agencia Tributaria de fecha 2 de diciembre de 2009, a que las presentes actuaciones se contraen, y confirmar dicha resolución impugnada, por su conformidad a Derecho. Sin expresa imposición de costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la indicación a que se refiere el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente en la misma, Ilma. Sra. D.ª MARIA ASUNCION SALVO TAMBO estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Doy fe.
