La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón suprime el acuerdo por el que se instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al partido judicial de Calatayud, para celebrar los juicios de las causas incoadas por los juzgados de Instrucción de esa localidad

TRIBUNAL SUPREMO

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 795/2009

Ponente Excmo. Sr. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA

En la Villa de Madrid, a tres de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Octava por los magistrados indicados al margen, el recurso contencioso administrativo n.º 795/2009, interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de octubre de 2009, que resolvió desestimar el recurso de alzada n.º 155/09 y acumulados.

Ha sido parte demandada el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, representado por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito presentado el 30 de diciembre de 2009 en el Registro General de este Tribunal Supremo, el procurador don Joaquín Fanjul de Antonio, en representación del Ayuntamiento de Calatayud, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptada en su reunión de 20 de octubre de 2009, que desestimó el recurso de alzada n.º 155/09 y acumulados, interpuestos por don Higinio, Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, don Roberto, doña Adolfina, don Luis Pablo, don Aurelio, letrados del mismo Colegio y don Evaristo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, adoptado en su reunión de 22 de mayo de 2009, por el que se deja sin efecto el acuerdo de la misma Sala, de 22 de junio de 1989, que instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al Partido Judicial de Calatayud, para la celebración de los juicios penales de los procedimientos abreviados instruidos por los Juzgados de Instrucción de dicha localidad.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción. Verificado, se dio traslado al recurrente para que dedujera la demanda.

TERCERO.- Evacuando el traslado conferido, el procurador Sr. Fanjul de Antonio, en representación del Ayuntamiento recurrente, presentó escrito el 7 de abril de 2009 en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala que dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso, declare:

"a) Que el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 22/5/2009, por el que se deja sin efecto el Acuerdo adoptado por la misma Sala, en reunión de 22 de junio de 1989, que instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza (actualmente el número OCHO) a la ciudad de Calatayud para celebrar las vistas orales en los procedimientos abreviados tramitados por los Juzgados de Instrucción de dicho Partido Judicial, no es ajustado a Derecho, por falta de motivación.

La condena en costas a la Administración demandada".

Por Otrosí Digo interesó el recibimiento a prueba, que deberá versar --dijo-- sobre los hechos que se hacen constar en el presente escrito de demanda.

Y, por Segundo Otrosí, estableció la cuantía del litigio en indeterminada.

CUARTO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2010 en el que suplicó la desestimación del recurso.

Por Otrosí Digo, también consideró la cuantía del recurso como indeterminada.

QUINTO.- Denegado el recibimiento a prueba por auto de 31 de mayo de 2010, se declararon conclusas las actuaciones y, por providencia de 1 de noviembre de 2010, se señaló para la votación y fallo el día 24 de noviembre de este año, si bien, por necesidades del servicio, han tenido lugar el día 1 de diciembre del corriente.

En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su reunión de 22 de mayo de 2009, tomó el acuerdo de dejar sin efecto el de 22 de junio de 1989 en cuya virtud se instauró el desplazamiento de uno de los Juzgados de lo Penal --a la sazón, el n.º 8 de los de Zaragoza-- al partido judicial de Calatayud para celebrar los juicios penales de los procedimientos abreviados instruidos por los Juzgados de Instrucción de esa localidad. Las razones que le llevaron a esa decisión, adoptada a propuesta de la Junta Sectorial de Jueces de lo Penal de Zaragoza, son las siguientes: el carácter excepcional de la medida, su poca eficiencia ante la carga de trabajo que pesa sobre los Juzgados de lo Penal y la distorsión que suponen los desplazamientos, la mejora de las comunicaciones y la facilidad para viajar a Zaragoza, su supresión en otras provincias y su escasa o nula efectividad.

El Excmo. Ayuntamiento de Calatayud recurrió en alzada este acuerdo ante el Consejo General del Poder Judicial. En el escrito de interposición señalaba la importante extensión territorial de la comarca natural de la que es cabecera Calatayud, mayor que la de algunas provincias y casi la mitad de varias Comunidades Autónomas. Subrayaba su escasa población (unos 44.000 habitantes) y recordaba que esos dos datos --gran extensión y poca población-- son característicos de Aragón en cuyo extremo suroeste se encuentra y que en su comarca hay municipios a unos 130 kilómetros de Zaragoza mientras que otros, de población importante, se hallan a distancias de entre 90 y 113 kilómetros de la capital. Por ello, afirmaba que la supresión de los desplazamientos de un Juzgado de lo Penal provocaba una grave distorsión a sus habitantes afectados por los procedimientos judiciales. Añadía que el acuerdo impugnado creaba potenciales trastornos para la seguridad de la ciudad porque los miembros de las Fuerzas de Seguridad que tuvieran que testificar en los procesos penales tendrán que desplazarse frecuentemente a Zaragoza, con la consiguiente pérdida de prácticamente toda la jornada laboral de mañana. Y con la consecuencia de tener que abonarles dietas y horas extraordinarias si lo efectúan cuando no están de servicio, lo que significa importantes sumas. Exponía al respecto que, en el caso de la Policía Local, con una plantilla real que ronda una media de 25 agentes y entre 4 ó 5 de servicio por turno, si dos o tres han de desplazarse a Zaragoza para prestar testimonio, el servicio se queda sin atención. Por lo demás, adujo que no había sido oído en el expediente pese que constaba como legítimamente interesado y, por último, ratificó nuevamente su compromiso con la Administración de Justicia y explicó que, si bien defendía la continuidad de los desplazamientos a los que el acuerdo impugnado ponía fin, su verdadero deseo era que Calatayud sea sede de un Juzgado de lo Penal.

Los argumentos con los que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial desestimó éste y otros recursos de alzada acumulados contra el mismo acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, son, en síntesis, los siguientes. En primer lugar, subraya que la Sala de Gobierno es, conforme al artículo 269.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, competente para adoptar esta decisión. Por otro lado, indica que el único requisito al que está sometido el ejercicio de esa competencia --que supone una potestad de carácter discrecional-- es el de explicar las razones que lo motivan. En este punto, el Pleno señala que la Sala de Gobierno se apoyó en diversos informes y que expuso los motivos que le llevaban a tomar el acuerdo controvertido, además de hacer suyos los expresados por la Junta Sectorial de Jueces de lo Penal de Zaragoza. Motivos que el Consejo General del Poder Judicial considera válidos y suficientes: los datos estadísticos que reflejan una tendencia a la baja --en torno al 20%-- de las causas incoadas, la mejora de las comunicaciones con Zaragoza, así como el carácter excepcional de la medida, única subsistente en la Comunidad Autónoma, y el propósito de optimizar los recursos evitando perjuicios para el buen funcionamiento del Juzgado de lo Penal n.º 8 de los de la capital. Rechaza, en fin, por imposible, el acuerdo plenario que la única forma de acercar la Justicia al ciudadano o a la sociedad sea la de que en todas las localidades existan Juzgados de todas las jurisdicciones y que se haya omitido un trámite preceptivo de audiencia, pues, dice, no existe en este procedimiento. En todo caso, advierte que en el recurso de alzada se han podido exponer las alegaciones que se han considerado pertinentes por lo que no ha habido indefensión del recurrente.

SEGUNDO.- En su demanda el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud reitera los hechos expuestos en la alzada insistiendo en el grave trastorno que supone para sus habitantes afectados por procesos judiciales la supresión de los desplazamientos del Juzgado de lo Penal. Asimismo, reitera que no fue oído en el expediente a pesar de que, desde el comienzo de esos desplazamientos, figura como interesado en el expediente. Por lo demás, precisa que, si bien el acuerdo que se deja sin efecto por el nuevo es el de 1989, según los datos de la corporación el vigente es del año 1994, por tanto muy posterior, pues el original fue revocado en resolución también recurrida si bien las impugnaciones fueron desestimadas. Por último, sostiene la demanda que el acuerdo de la Sala de Gobierno no está motivado pues no se manifiesta, en modo alguno, "cuál es la razón por la que se deja sin efecto el acuerdo adoptado con fecha de 22 de junio de 1989 (...)".

TERCERO.- El Abogado del Estado pide la desestimación del recurso porque, reduciéndose a la falta de motivación el vicio que se atribuye a la actuación recurrida, basta con la simple lectura del acuerdo impugnado y del que en alzada lo ratifica para comprobar que esa motivación existe y es amplia: el carácter excepcional de la medida, su escasa eficiencia, la mejora de las comunicaciones con Zaragoza y la facilidad para efectuar el desplazamiento, junto a la tendencia a la baja, sobre el 20%, de los asuntos, son argumentos bastantes, nos dice, para sustentar la decisión.

Sobre la alegada falta de audiencia, afirma la contestación a la demanda que en la alzada la corporación recurrente pudo alegar cuanto consideró conveniente por lo que no ha padecido ninguna indefensión y sobre cuál es el acuerdo que se deja sin efecto, observa el Abogado del Estado que la decisión tomada es inequívoca y que, de haber alguna irregularidad, no sería invalidante.

CUARTO.- El recurso debe ser desestimado ya que la actuación del Consejo General del Poder Judicial no es contraria al ordenamiento jurídico. En efecto, al ratificar la legalidad del acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Pleno no ha vulnerado las normas jurídicas aplicables. Por el contrario, ha tenido presente el artículo 269.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al cual:

"3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia dispondrán que los Jueces de lo Penal, asistidos del Secretario, se constituyan para celebrar juicios orales con la periodicidad que se señale en las ciudades donde tengan su sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer, siempre que su desplazamiento venga justificado por el número de éstas o por una mejor administración de justicia. Los Juzgados de Instrucción y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarán en estos casos cuanta colaboración sea precisa".

Y, en consecuencia, ha afirmado la competencia exclusiva de la Sala de Gobierno aragonesa para tomar la decisión impugnada. Decisión que, ciertamente, es discrecional, como también dice el Consejo General del Poder Judicial, ya que de esa naturaleza es la apreciación de que el número de causas o la mejor administración de justicia exigen disponer el desplazamiento del que venimos hablando.

Ciertamente, discrecional no significa que valga cualquier decisión ni supone exención de control jurisdiccional. Por el contrario, entre otros límites que circunscriben el ejercicio de las potestades de esa naturaleza, los acuerdos en que se plasme han de expresar los motivos que han conducido a una determinada resolución y esos motivos han de ser coherentes con los principios en que aquellas se enmarcan y excluir todo atisbo de arbitrariedad. En este caso, es fácil comprobar que el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón está motivado en sí mismo y por remisión a las razones en que se apoyó la Junta Sectorial de Jueces de lo Penal de Zaragoza que propuso la supresión del desplazamiento periódico a Calatayud del Juzgado de lo Penal n.º 8 de los de esa ciudad.

Por otro lado, esas razones se enmarcan en el ámbito en el que el mencionado artículo 269.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sitúa el establecimiento de estos desplazamientos. Así, se han tenido en cuenta la tendencia a la baja de las causas incoadas en los Juzgados de Instrucción de Calatayud y otros factores que inciden directamente en una mejor administración de justicia: (1.º) la naturaleza excepcional de la medida, ya que la regla es que los juicios se celebren en la sede del órgano judicial competente; (2.º) consideraciones de eficiencia relacionadas tanto con el resultado de los desplazamientos periódicos como con los trastornos que suponen para el funcionamiento del Juzgado de lo Penal n.º 8 de los de Zaragoza; (3.º) la mejora de las comunicaciones con Zaragoza y la facilidad de efectuarlas, factores que relativizan la distancia; (4.º) en fin, la idea de que acercar la Justicia a los ciudadanos y, en general, facilitarles el acceso a la jurisdicción no significa que deban existir tribunales en todos los lugares.

Todos estos argumentos que sostienen el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que lo confirmó se inscriben razonablemente en el marco definido por el legislador para disponer los desplazamientos y, consiguientemente, también para dejarlos sin efecto cuando varíen sustancialmente las circunstancias. Cuanto acabamos de decir no significa que no sean igualmente razonables los argumentos de los que se sirve el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud para defender el mantenimiento de esta medida. Ahora bien, que la corporación municipal aspire legítimamente, por las razones que menciona, a que no sólo siga desplazándose periódicamente a su ciudad el Juzgado de lo Penal n.º 8 de Zaragoza, sino, sobre todo, a que se cree en Calatayud un Juzgado de lo Penal, no significa que así lo exija el ordenamiento jurídico, ni tampoco significa que la Sala de Gobierno, se vea obligada a mantener una medida excepcional cuando, de manera no arbitraria sino razonada en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha llegado a la conclusión de que la mejor administración de justicia, contemplada en su conjunto, requiere poner término a la excepción, a la única excepción de este tipo que pervivía en la Comunidad Autónoma de Aragón.

A la postre, esta decisión organizativa y funcional responde a criterios de eficacia y eficiencia en la administración de los medios disponibles y ha sido adoptada motivadamente por el órgano competente, por lo que ninguna irregularidad apreciamos desde estos puntos de vista.

QUINTO.- Por último, hemos de decir que, aun cuando el Excmo. Ayuntamiento no hubiera sido oído por la Sala de Gobierno antes de adoptar su acuerdo, hizo llegar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial todas sus preocupaciones y todos los argumentos jurídicos que juzgó convenientes para defender sus pretensiones antes de que se cerrara la vía administrativa. En consecuencia, tienen razón, tanto el acuerdo plenario como el Abogado del Estado, cuando descartan que no ha sufrido indefensión. Y también tiene razón la contestación a la demanda cuando dice que no es relevante, esto es no afecta a la validez de la actuación recurrida, cual fuere el acuerdo en virtud del cual venían efectuándose los desplazamientos a Calatayud, el de 1989 o el de 1994, puesto que lo que se deja sin efecto son los desplazamientos mismos, extremo sobre el que no cabe ninguna duda.

SEXTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, no se hace imposición de costas.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,

FALLAMOS

1.º Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo n.º 795/2009, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de octubre de 2009 desestimatorio del recurso de alzada 155/09 y acumulados contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, adoptado en su reunión de 22 de mayo de 2009, por el que se deja sin efecto el acuerdo de la misma Sala de 22 de junio de 1989 que instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al partido judicial de Calatayud para la celebración de los juicios penales de los procedimientos abreviados instruidos por los Juzgados de Instrucción de dicha localidad.

2.º Que no hacemos imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.

Noticias Relacionadas

• La Orden ITC/3860/2007, por la que se revisan las tarifas eléctricas, se ajusta a derecho en cuanto obliga a las familias numerosas a contratar una tarifa más cara que en los hogares en los que solo vive una persona, y a soportar recargos por exceso de consumo en función del número de personas que conviven en el domicilio
  Se desestima el recurso interpuesto por la Federación de Familias Numerosas, que pretende la declaración de nulidad de la Orden ITC/3860/2007, por la que se revisan las tarifas eléctricas, en cuanto discriminan a las familias numerosas. Alega la recurrente la infracción del principio de igualdad, por considerar que las familias numerosas están obligadas a contratar, por el número de las personas que conviven en el domicilio, una tarifa más cara y a soportar recargos por exceso de consumo, en cambio, en los hogares en los que solo vive una persona, ésta se beneficia al soportar una carga económica menor. Sin embargo, las situaciones que se ofrecen como término de comparación no resultan equiparables, por lo que la diferencia productora de desigualdad resulta inadecuada para considerar que existe un trato discriminatorio contrario al art. 14 de la Constitución. En cuanto a la alegada infracción del mandato legal de protección a las familias numerosas y, concretamente, del art. 13 de la Ley 40/2003, también se desestima, pues de estas disposiciones no se infiere directamente el reconocimiento de un derecho de las familias numerosas a la aplicación de una tarifa bonificada por el suministro de energía eléctrica. 06/05/2011
• Conforme al art. 65.2 en relación con el 56.1 de la LBRL, el plazo de 15 días que la Administración estatal o autonómica poseen para formular el requerimiento previo de nulidad del acto municipal que entienden infringe el ordenamiento jurídico, se computa a partir de que reciban de la Entidad Local la comunicación del mismo
  Ha lugar al recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia que consideró que el requerimiento de nulidad previsto en el art. 65.2 de la LBRL, formulado por el recurrente al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, fue extemporáneo porque se realizó una vez que había expirado el plazo de 15 días, ya que la Administración autonómica, por medio de un tercero, tuvo conocimiento del acto que entendía infringía el ordenamiento jurídico. Afirma el TS que la doctrina contenida en la sentencia impugnada es errónea y gravemente dañosa para el interés general, ya que la convalidación del deber de remisión por la conducta de un tercero resulta singularmente perturbadora para la seguridad jurídica, pues siembra de incertidumbres el cómputo de un plazo cuyo día inicial ha sido fijado por la propia ley y vinculado al cumplimiento del deber previsto en el art. 56.1 de la LBRL. Respetando la situación jurídica particular derivada del fallo recurrido, fija la Sala como doctrina legal que: "A los efectos del art. 65.2 de la Ley 7/1985, el cómputo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley". 05/05/2011
• La naturaleza mixta público-privada de las Comunidades de Regantes, les permite impugnar los actos del Organismo de Cuenca, pues no está indefectiblemente integrada en la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico
  Ha lugar al recurso contra la sentencia que declara la inadmisión del interpuesto por la Comunidad de Regantes actora contra un acto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, inadmisibilidad fundamentada en la falta de legitimación para impugnar los actos del Organismo de Cuenca. Afirma el TS que las Comunidades de Regantes, aun tratándose de Entidades de Derecho Público, no están incursas en todo caso, como entendió la Sala de instancia, en la falta de legitimación prevista en art. 20 c) de la LJCA, porque, aun adscritas al Organismo de Cuenca que ejerce sobre ellas las potestades de tutela únicamente en los supuestos previstos en la Ley de Aguas, realizan fines de naturaleza mixta, referidos tanto a la consecución del interés general como a la satisfacción de los intereses privados de los comuneros, revistiendo esta última actividad analogía con las organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos propios. Esta naturaleza mixta público-privada de su actividad impide su incardinación indefectible como integrante de la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico, existiendo una esfera importante de su actuación ajena e independiente de la Administración caracterizada por la consecución de los intereses privados de sus miembros. 03/05/2011
• No es suficiente utilizar la fórmula genérica consistente en la producción de “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, derivados de la actuación de la Administración, para entender que ésta ha incurrido en responsabilidad patrimonial
  La Sala, examina los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la jurisprudencia que los interpreta, y llega a la conclusión de que fue acertada la resolución del Presidente de la Agencia Tributaria que desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el actor, por lo que entendía daños económicos, morales y psicológicos sufridos por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zaragoza al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada. El recurrente no ha acreditado cuáles han sido los daños producidos por la actuación de la Agencia Tributaria, no siendo suficiente recurrir a la fórmula genérica utilizada aludiendo a “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, máxime cuando los efectos de las liquidaciones anuladas fueron sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios. 14/04/2011
• No es suficiente utilizar la fórmula genérica consistente en la producción de “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, derivados de la actuación de la Administración, para entender que ésta ha incurrido en responsabilidad patrimonial
  La Sala, examina los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la jurisprudencia que los interpreta, y llega a la conclusión de que fue acertada la resolución del Presidente de la Agencia Tributaria que desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el actor, por lo que entendía daños económicos, morales y psicológicos sufridos por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zaragoza al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada. El recurrente no ha acreditado cuáles han sido los daños producidos por la actuación de la Agencia Tributaria, no siendo suficiente utilizar la fórmula genérica utilizada aludiendo a “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, máxime cuando los efectos de las liquidaciones anuladas fueron sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios. 29/03/2011
• ALTADIS está obligada al abono de intereses de demora, en relación con el IVA a la Importación, desde la fecha de importación de bienes hasta el periodo en que hubiera podido deducir las cuotas del IVA soportado; y no desde la fecha de realización de la importación hasta el momento de incoación del Acta de la Inspección
  Se interpone recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia que, confirmando el Acuerdo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, declaró procedente que por la entidad recurrente se abonaran intereses de demora en relación con el IVA a la Importación, correspondientes al período comprendido entre la fecha de realización de la importación hasta la fecha de incoación del acta de la Inspección. El TS señala que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto, según la cual, como el derecho a deducir nace con el devengo del impuesto -que en el caso de las importaciones de bienes coincide con la importación-, los intereses deben limitarse al plazo de tiempo transcurrido desde la fecha de la importación hasta aquélla en que el sujeto pasivo hubiera podido deducir las cuotas de IVA soportado, pues sólo en ese intervalo temporal, que en este caso fue de un mes, la suma adeudada dejó de estar ingresada en las arcas públicas. Es a ese mes al que ha de limitarse el pago de intereses por parte de la recurrente, por lo que el recurso de estima en ese aspecto. 25/03/2011
• No están sujetos al IVA las prestaciones de servicios por sociedades mercantiles pertenecientes a entes locales
  La sentencia objeto del presente recurso de casación para unificación de doctrina, declaró ajustada a derecho la denegación a la entidad recurrente -Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón-, de su solicitud de devolución de ingresos indebidos, en referencia al IVA. La sentencia declaró improcedente la devolución en base a considerar que los servicios prestados por la empresa estaban sujetos al IVA, al actuar el Ayuntamiento por medio de la misma para realizar los servicios de limpieza-viaria, recogida tratamiento y aprovechamiento de residuos. El TS estima el recurso y señala que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto de la sujeción al IVA de la prestación de servicios públicos mediante sociedades privadas. Según dicha doctrina, cuando, como en este caso, las actividades se desarrollan materialmente por una empresa, pero lo hace jurídicamente el Ayuntamiento -como lo demuestra el hecho de que éste percibe la correspondiente tasa-, la empresa actúa bajo un régimen de Derecho Público, lo que supone la no sujeción al IVA. La empresa pasa a comportarse como un órgano dependiente del ente público, que no genera distorsión de la competencia, y que recibe transferencias del Ayuntamiento que no suponen una contraprestación, ya que están dirigidas a la financiación de la empresa para el desarrollo de sus funciones. 24/03/2011
• Es correcto el justiprecio fijado al terreno expropiado para la construcción de un cementerio en la ciudad de Valencia, que sigue el criterio de valoración propio del suelo urbanizable delimitado, ya que se trata de un sistema general que contribuye a crear ciudad
  Desestima la Sala el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra sentencia que fijó el justiprecio del terreno expropiado conforme a la cantidad recogida en la hoja de aprecio de los expropiados. Declara que se está en presencia de un suelo clasificado como no urbanizable para la construcción de un cementerio previsto en el PGOU, y que reúne los requisitos requeridos para ser tenido por un sistema general que contribuye a crear ciudad, por lo que la sentencia recurrida actuó conforme a derecho al fijar el nuevo justiprecio siguiendo el criterio de valoración propio del suelo urbanizable delimitado. Por otro lado, y, en contra de lo manifestado por la Corporación actora, no es de aplicación al supuesto litigioso el art. 27.2 de la Ley del Suelo y Valoraciones, en la redacción dada por le Ley 10/2003, que contiene una prohibición de que las expectativas urbanísticas sean tenidas en cuenta a la hora de valorar el suelo urbanizable no delimitado, toda vez que el procedimiento expropiatorio se inició antes de la entrada en vigor de la reformar operada. 18/03/2011
• Conformidad a Derecho de la Orden Ministerial, de 4 de diciembre de 2007, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas
  No ha lugar al recurso de casación interpuesto frente a la sentencia confirmatoria de la Orden Ministerial, de 4 de diciembre de 2007, por la que se regulan los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas. A juicio del Tribunal Supremo, no sólo se ha dictado la disposición cuestionada en virtud de específicas habilitaciones, sino que sus prescripciones son respetuosas con las previsiones legales y reglamentarias a las que está subordinada, y todo ello sin la vulneración denunciada del derecho fundamental de asociación de las federaciones deportivas y de la LO 1/2002. La Orden se limita a concretar unas previsiones de naturaleza organizativa y procedimental, en plena sintonía con las pautas sentadas por el legislador, además de proceder a adaptar la regulación precedente al RD 1026/2007. Estas Federaciones no tienen la consideración de asociaciones encuadradas en el marco general de la LO 1/2002 porque desempeñan funciones públicas por delegación y, por tanto, tampoco pueden tener una libertad absoluta de configuración interna, en la medida en que su existencia y actividad debe estar orientada también al cumplimiento de los fines de interés general que figuran reconocidos en el art. 43.3 CE. 16/03/2011
• La liquidación girada por el ITP y AJD, derivada de la adquisición por agente urbanizador de terrenos expropiados, carece de motivación
  El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto, y anula la liquidación girada al agente urbanizador recurrente por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentos. Declara que la liquidación impugnada tiene su origen en la adquisición por la parte actora, en virtud de expropiación forzosa, de determinados terrenos comprendidos dentro de una Unidad de Actuación para la cual fue designada como agente urbanizador. Concluye la Sala que, habiéndose liquidado el Impuesto sobre el valor declarado para las fincas afectadas por la actuación urbanística, la misma carece de motivación, al no reunir los requisitos exigidos por el art. 124.1 de la LGT de 1963. 11/03/2011

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

• Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
• No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
• Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.