El Gobierno ha rechazado la petición de rebajar el aval que se exige a estas empresas, recogido en el Proyecto de Ley de firma electrónica, cuyas enmiendas ha discutido el Congreso de los Diputados esta semana.
El Partido Socialista y Convergència i Unió quieren que el aval se rebaje a dos millones de euros. En este sentido, la portavoz socialista, Lourdes Muñoz, anunció que los socialistas insistirán en el Senado en enmendar esta disposición.
También las empresas, los despachos y las Comunidades Autónomas, reunidos en el Foro de la Firma Electrónica quieren que el Gobierno elimine este aval.
En coincidencia también con el Foro de la Firma Electrónica, el Partido Socialista, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco solicitaron al Gobierno que retire de la Ley cualquier referencia al futuro Documento Nacional de Identidad electrónico.
El sector privado teme la competencia que el DNI puede generar en el mercado de la certificación, como documento de identificación por excelencia y extendido a toda la población.
De hecho, el Partido Socialista considera que la Ley crea un monopolio en favor de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entidad con la que el Ministerio del Interior está trabajando en el nuevo DNI.
