Canarias

Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar (BOC de 6 de mayo de 2003). Texto completo.

Canarias

Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (BOC de 6 de mayo de 2003). Texto completo.

Proyectos de Ley

El pasado 25 de abril fueron presentados al Congreso el Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y el Proyecto de Ley Orgánica que, con el carácter de complementaria a la Ley por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, los cuales, fueron publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 5 de mayo de 2003.

Actualidad

El Ministro de Justicia, José María Michavila, y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, han firmado un protocolo que desarrollará programas de actuación conjunta para el impulso y profesionalización de las Oficinas de Atención de Víctimas de violencia doméstica.

Actualidad

El Pleno del Senado ha aprobado el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia de esta Cámara sobre el Proyecto de Ley de reforma del Estatuto Fiscal que introduce una enmienda por la que es posible ampliar en determinados casos el plazo de seis meses para que el fiscal investigue un proceso.

Agenda

La sede del Colegio de Abogados de Alicante acogerá los próximos 8 y 9 de mayo sus VII Jornadas sobre Iberoamérica, organizadas por el Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información de la Universidad de Alicante, con el objetivo de estudiar la evolución de la protección de la propiedad industrial e intelectual en Iberoamérica.

Jurisprudencia

Corresponde al Tribunal Constitucional revisar la adecuación y consistencia del llamado juicio de relevancia que exige el art. 35.2 LOTC. En principio, es a los Jueces y Tribunales a quienes corresponde comprobar y exteriorizar la existencia del llamado juicio de relevancia, de manera que el Tribunal Constitucional no puede invadir ámbitos que, primera y principalmente, corresponden a aquéllos, adentrándose a sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en los que “de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos se desprenda que no existe nexo causal entre la validez de los preceptos legales cuestionados y la decisión a adoptar en el proceso a quo”.

Jurisprudencia

La cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada por cualquier órgano judicial, sea cual sea la fecha de entrada en vigor de la norma legal cuestionada. Esta mayor amplitud relativa de la cuestión de inconstitucionalidad no la convierte, sin embargo, ni en un instrumento procesal que quepa utilizar para transferir al Tribunal Constitucional la decisión de litigios concretos, ni para buscar a través suyo una depuración abstracta del ordenamiento, que normalmente debe ser obra del legislador ordinario. La cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución.

Andalucía

Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (BOJA de 5 de mayo de 2003). Texto completo.

Murcia

Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia (BORM de 2 de mayo de 2003). Texto completo.

Castilla-La Mancha

Ley 10/2003, de 20 de marzo, de Modulación de Ayudas Agrarias en Castilla-La Mancha (DOCM de 5 de mayo de 2003). Texto completo.

Canarias

Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias (BOC de 2 de mayo de 2003). Texto completo.

Actualidad

El Ministro de Justicia, José María Michavila, ha afirmado que respeta extraordinariamente la libertad de expresión de los cuatro mil doscientos jueces que tiene España, al igual que respeta también las decisiones del Consejo General del Poder Judicial.

Actualidad

La Comisión Europea financiará al Consejo General de la Abogacía Española para la realización de un proyecto sobre la participación de la Abogacía en los procesos de toma de decisiones de las Instituciones comunitarias, destinado a los países de Europa Central y Oriental.

Actualidad

La Fiscalía Anticorrupción asegura en su última memoria que los instrumentos nacionales son ineficaces y los convenios internacionales y las instituciones como Eurojust y la Red Judicial Europea son insuficientes para combatir el crimen organizado.

Agenda

La Fundación Universitaria San Pablo-CEU celebrará en Valencia durante los días 9 y 10 de mayo las “I Jornadas sobre Políticas Familiares”. Esta iniciativa tiene entre sus objetivos estudiar la institución familiar con todo el rigor académico y al mismo tiempo constituir una realidad periódica y permanente en el mundo universitario.

Jurisprudencia

Corresponde al Tribunal Constitucional revisar la adecuación y consistencia del llamado juicio de relevancia que exige el art. 35.2 LOTC. En principio, es a los Jueces y Tribunales a quienes corresponde comprobar y exteriorizar la existencia del llamado juicio de relevancia, de manera que el Tribunal Constitucional no puede invadir ámbitos que, primera y principalmente, corresponden a aquéllos, adentrándose a sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en los que “de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos se desprenda que no existe nexo causal entre la validez de los preceptos legales cuestionados y la decisión a adoptar en el proceso a quo”.

Murcia

Decreto 37/2003, de 11 de abril, por el que se crea y regula el Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas Adultas (BORM de 30 de abril de 2003).

Castilla y León

Decreto 48/2003, de 24 de abril, por el que se regulan los órganos de dirección y participación del Sistema de Salud de Castilla y León (BOCYL de 30 de abril de 2003).

Actualidad

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para la creación del “Foro de Formación Medioambiental del Poder Judicial”, un centro de estudios que organizará actividades dirigidas a la formación de los miembros de la carrera judicial en asuntos relacionados con el Medio Ambiente.

Actualidad

La propuesta de José Antonio Alonso y Félix Pantoja en defensa de Mariano Fernández Bermejo por sus críticas ante la entrada en vigor de los juicios rápidos ha sido rechazada por once votos frente a nueve. Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial faltó el Presidente, Francisco José Hernando.

Actualidad

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que afirma que los Magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su Presidente, no son inviolables o irresponsables por la toma de decisiones en el ejercicio de sus cargos, por lo que acuerda continuar tramitando la demanda civil planteada contra ellos por un abogado.

Actualidad

La Haya ha decidido situar en Holanda a Eurojust, el órgano de la Unión Europea de coordinación entre los sistemas judiciales de los Estados Miembros para combatir el crimen organizado a escala transfronteriza.

Jurisprudencia

En los procesos jurisdiccionales los interesados deben observar la debida diligencia. De este modo, y como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional, no puede invocar indefensión procesal con efectos constitucionales quien ha contribuido o colaborado a originarla con su propia conducta, siendo causa determinante de la misma, porque no puede beneficiarse de un remedio excepcional quien con su comportamiento crea la ausencia de su propia defensa.

Jurisprudencia

En relación con la naturaleza y función del “habeas corpus”, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que se trata de un procedimiento especial a través del cual se ha de juzgar únicamente sobre la situación de privación de libertad, situación a la que se trata de poner fin o modificar, pero sin extraer más consecuencias que su necesaria finalización o modificación. Es un procedimiento “de cognición limitada”, lo que “nada tiene que ver con la cualidad o intensidad del mismo, de tal manera que ha de tratarse de un control plenamente efectivo. La finalidad esencial de este procedimiento es la de controlar la legalidad de la detención practicada y hacer cesar de inmediato las situaciones irregulares de privación de libertad, frente a detenciones ilegales o que transcurran en condiciones ilegales.

Andalucía

Decreto 103/2003, de 15 de abril, por el que se establecen los centros directivos en el Servicio Andaluz de Empleo (BOJA de 29 de abril de 2003).

Canarias

Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (BOC de 29 de abril de 2003).

Extremadura

Decreto 47/2003, de 22 de abril, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 29 de abril de 2003).

Actualidad

El Ministro de Justicia, José María Michavila, ha anunciado que negociará con el Ministerio de Economía para resolver la actualización de los aranceles de los procuradores, un asunto que espera que esté resuelto el próximo mes de mayo.

Actualidad

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social. El texto, que ha recibido los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo General del Poder Judicial, será remitido para su aprobación al Congreso de los Diputados.

Actualidad

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de modificación del Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra, el cual, recoge los Acuerdos entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra en torno a la reforma del Convenio Económico alcanzados el pasado 22 de enero.

Actualidad

Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han planteado una defensa del Fiscal Jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, a quien el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, podría sancionar por sus declaraciones sobre las dificultades en la aplicación de los juicios rápidos en Madrid.

Agenda

La Universidad Carlos III de Madrid ha organizado para los días 19 y 20 mayo las “IV Jornadas sobre Derecho electrónico”, las cuales se celebrarán en el Campus de Getafe de la Universidad.

Jurisprudencia

El derecho a obtener una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial. Cuando la resolución judicial sea el producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, se vulnera el art. 24.1 CE y procede otorgar el amparo.

Jurisprudencia

En la fase de recurso el principio “pro actione” pierde intensidad, pues el derecho al recurso no nace directamente de la CE sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en materia penal, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso, por lo que las decisiones judiciales de inadmisión no son, en principio, revisables en la vía de amparo. Esta regla general encuentra su excepción en aquellos supuestos en los que las resoluciones judiciales vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que, el art. 24.1 CE garantiza también su utilización.