La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión.

Foto: Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este jueves que "lógicamente" se cumplirá la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que considera abusiva la ley española de desahucios y ha explicado que los servicios jurídicos están estudiando el fallo para solventar los "problemas de procedimiento" que plantea la norma española.

Ve "extremadamente importante" la sentencia porque "protege los derechos de los consumidores"

Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente exigen cambios legislativos

Llama a superar "la conciencia de vergüenza social" que existe en torno a los desahucios porque "ser pobre es absolutamente digno"

El Pleno de la Sala I del Alto Tribunal ha sido convocado entre los días 19 y 21 de marzo. Resolverá asuntos de trascendencia como las cláusulas 'suelo' y 'techo'; la imputación de responsabilidad en los productos bancarios de alto riesgo y el incumplimiento de la obligación de informar de tales riesgos, así como la impugnación de acuerdos en las juntas de vecinos o la subrogación del cónyuge viudo al alquiler de la vivienda, entre otros asuntos.

Llamazares critica que la reforma del CGPJ se legisle "en diferido" y critica que Gallardón no busque el consenso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha valorado de manera positiva este jueves la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la normativa hipotecaria española e insta al Gobierno a que modifique de forma inmediata la ley adaptándola a los términos recogidos en la sentencia.

Foto: Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha cargado este jueves contra lo que considera "una política legislativa de intervención máxima" en la legislación española, especialmente con las 25 modificaciones que se han hecho del Código Penal desde 1995.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional suele tardar un mes de media para analizar este tipo de peticiones

Considera "innecesarias y desproporcionadas" sus diligencias y denuncia una "doble instrucción" sobre los mismos hechos

El juzgado de Primera Instancia numero 83 de Madrid ha admitido a trámite la demanda civil que interpuso el PP el pasado 6 de marzo contra la sociedad editora del diario "El País" y el autor de los "falsos papeles" que según ese diario es el ex-tesorero del PP Luis Bárcenas, informaron a Europa Press en fuentes populares.

El asesinado vivía en el mismo inmueble en el que estaba el domicilio familiar de Zigor Bravo, que alertó a miembros de la banda

La Consellería de Educación "analizará" la sentencia, a la que cabe recurso de casación

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 17 años de cárcel y al pago de una multa de 6,6 millones de euros al exagente de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Lars S.M. por el robo, iniciado a finales del año 2006, de 84 kilogramos de cocaína y 54 kilos de heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

Foto: Iñaki Urdangarín y Mario Pascual Vives

Desestima los recursos interpuestos por ambos, quienes disponen ahora de cinco días para impugnar ante la Audiencia Provincial de Baleares

La Abogacía de la Generalitat considera que, para el Gobierno valenciano, "ha llegado el momento de decidir qué concretas acciones se quiere ejercitar" en el 'caso Nóos' y considera que la "normal actuación es ejercitar la acción penal (acusación particular) junto con la acción civil".

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 17 años de cárcel y al pago de una multa de 6,6 millones de euros al exagente de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Lars S.M. por el robo de 154 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

No obstante, dicha responsabilidad puede generarse si el juez nacional concluye que existe una relación de causalidad directa entre la omisión y el perjuicio sufrido, tal como la disminución del valor de un bien inmueble provocada por la ampliación de un aeropuerto.

Debe apreciarse si es éste el caso respecto a los dos mercados de que se trata, esto es, el de seguros de automóvil y el de reparación de vehículos.

La Defensora del Pueblo ha solicitado que todos los afectados por participaciones preferentes comercializadas por entidades intervenidas puedan formar parte de un proceso de arbitraje en el que se les ofrezca un tratamiento "igualitario" a todos ellos.

La Comisión Constitucional del Congreso ha convocado para la próxima semana las comparecencias de los expertos seleccionados por los grupos políticos para ilustrar a los ponentes de la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuyo proyecto de ley llegó a la Cámara el pasado mes de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Sentencia de 2 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el punto del Anexo relativo a los títulos de "Graduado o Graduada en Ingeniería de la Edificación" de las Universidades de Burgos, País Vasco y San Pablo-CEU del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 (BOE de 15 de marzo de 2013). Texto completo.

Decreto 138/2013, de 12 de marzo, de modificación de funciones en los órganos del Departamento de Empresa y Empleo que gestionan el Fondo Social Europeo (DOGC de 14 de marzo de 2013). Texto completo.

La ciencia del Derecho dice que la Constitución, desde que fue lanzada al mundo hace más de dos siglos por los constituyentes de tres importantes naciones, Estados Unidos (1787), Francia (1789) y España (1812), la Constitución, digo, ha cumplido tres funciones esenciales: Primera, dar legitimidad a quienes ejercen el poder político en un Estado en nombre del pueblo. El nacimiento de la Constitución significó la ruptura con el derecho divino de los reyes y con la opresión de los déspotas (de ambos tenemos ejemplos en nuestra tormentosa historia). Cualquier autoridad, en un régimen constitucional, lo es porque lo permite y lo dice la Constitución. De ella nace cualquier poder, legislativo, ejecutivo y judicial; nacional, regional o municipal. La Constitución establece, además, una separación y unos controles entre dichos poderes. Segunda función: la Constitución configura el estatuto de los ciudadanos y las ciudadanas, reconociendo y garantizando sus derechos y libertades individuales, de participación política y de carácter social y económico. Sin Constitución, el individuo es un súbdito. Con Constitución, el pueblo es quien tiene la soberanía. Tercera función: la Constitución es la ley suprema. Esta supremacía hace que todo el conjunto del ordenamiento jurídico esté sometido a la Constitución; por tanto, todos los poderes del Estado cuando aprueban las leyes. En un régimen constitucional manda el Derecho. Estas tres funciones, sin las cuales, como decía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, “no hay Constitución” (…)

El día 15 de marzo de 2013, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de José M. de Areilza, en el cual el autor opina que el reelegido Obama ha seguido en campaña electoral contra los republicanos durante todos estos meses.

Uno de los productos financieros que más trascendencia ha tenido entre la población ha sido las participaciones preferentes. Dada su importancia y el incremento de consultas en los despachos de abogados, la sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga celebra este viernes una jornada para analizar este producto.

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona organiza la Conferencia: 'Análisis de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013. La imprescindible reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria', se celebrará el día 2 de abril de 2013, en el Salón de Actos del Colegio.

Se promueve recurso de casación contra la sentencia que acogió en parte la impugnación por los actores de la Resolución del TEAC que desestimó el recurso de alzada deducido frente a la Resolución del TEAR de Madrid, que declaró haber lugar en parte a las reclamaciones económico-administrativas deducidas frente a las liquidaciones derivadas de los expedientes de comprobación de valores, en concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y anuló los actos de valoración que afectaban a las acciones de una sociedad, y a los inmuebles incluidos en la herencia, así como los actos liquidatorios realizados por la Administración, reconociéndoles el derecho a que se tuviera en cuenta a todos los efectos de la liquidación del Impuesto la cuantía fijada por la valoración del ajuar en el inventario.

Se plantea ante el TSJ del País Vasco la nulidad del despido colectivo acordado por la empresa demandada, con cierre de los centros de trabajo de Vitoria-Gasteiz y de Urbina, denunciándose vulneración de los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical.